Diputados aprobó el proyecto contra el vandalismo rural y CARBAP celebró el avance

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que busca incorporar nuevas figuras penales vinculadas al vandalismo rural, una iniciativa que recibió el respaldo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

La votación terminó con 162 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, en una sesión en la que el proyecto cosechó el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques. La mayor parte de Unión por la Patria, junto con la izquierda y otros sectores, rechazó la propuesta. 

Tras la aprobación, CARBAP difundió un comunicado en el que calificó la decisión como un paso importante para fortalecer la seguridad en el ámbito agropecuario. “El campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”, sostuvo la entidad.

La iniciativa plantea modificar el Código Penal para establecer sanciones específicas ante determinados hechos que afectan la producción agropecuaria y la seguridad de quienes viven y trabajan en establecimientos rurales.

Uno de sus puntos centrales es la incorporación de la figura de violación de domicilio rural. El texto establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural o sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de la persona que tenga derecho a impedirlo.

La pena podría elevarse hasta dos años cuando el ingreso obstaculice sustancialmente la actividad productiva o genere un peligro concreto para la vida, la integridad física de las personas, los animales o los cultivos, siempre que el hecho no constituya un delito con una sanción mayor.

Además, el proyecto contempla penas de entre 2 y 8 años de prisión, junto con multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado, para quienes destruyan silobolsas u otros productos que formen parte del proceso productivo agropecuario.

En los casos más graves, la pena podría alcanzar los diez años cuando intervengan tres o más personas de manera coordinada y se produzca la pérdida total de la producción en curso o se impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización. 

Desde la confederación ruralista remarcaron que los ataques contra cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas generan pérdidas económicas y afectan inversiones que, en muchos casos, requieren meses de trabajo.

La entidad también hizo hincapié en la importancia de proteger a quienes residen en los establecimientos agropecuarios y consideró que el ingreso sin autorización vulnera su privacidad, tranquilidad y seguridad. “Detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”, expresó CARBAP en su comunicado.

La organización sostuvo, además, que la aprobación representa un avance legislativo, aunque llamó a continuar trabajando para garantizar herramientas legales que permitan prevenir y sancionar estos hechos. “Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”, concluyó la entidad.

La aprobación en Diputados constituye un avance legislativo, pero no significa por sí sola que las nuevas sanciones ya estén vigentes. Al tratarse de un proyecto de ley, deberá completar el trámite parlamentario correspondiente para convertirse en norma.

Para CARBAP, el desafío es que la aprobación se traduzca en herramientas concretas para los productores y sus familias. La discusión legislativa, en adelante, estará centrada en el recorrido que deberá completar la iniciativa y en su eventual implementación.