AySA: Milei adjudicó la venta y Kicillof prepara una impugnación

El Gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y adjudicó el 90% de las acciones estatales al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua AR BV y Transclor, por un monto de US$340,2 millones. Frente a esta decisión, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anticipó que buscará impugnar el traspaso y cuestiona las condiciones en las que se desarrolla la operación.

La medida quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 1818 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El próximo paso será la firma del contrato de compraventa, prevista para el 13 de noviembre, fecha que marcará un avance decisivo hacia el cambio de control de la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, manifestó su rechazo a la operación y adelantó que la administración provincial buscará impugnar el proceso. Entre los principales cuestionamientos aparecen las modificaciones introducidas en el contrato de concesión, que según los planteos realizados ante la Justicia,  podrían reducir estándares ambientales, sanitarios y de protección para los usuarios.

Otro de los puntos en discusión es la falta de acceso público a la tasación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), utilizada para evaluar la razonabilidad de las ofertas económicas.

Katopodis también criticó la política del Gobierno nacional en materia de infraestructura y sostuvo que el cambio de manos de la empresa no garantiza por sí mismo la ampliación de las redes de agua y cloacas.

La Defensoría del Pueblo bonaerense ya había recurrido a la Justicia para exigir que se mantengan las obligaciones de inversión, las obras comprometidas y los estándares de calidad del servicio durante el proceso de privatización. 

La operación comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, equivalentes al 90% del capital social y de los votos de AySA. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

Aunque la adjudicación ya fue oficializada, el traspaso todavía debe completar los pasos administrativos y contractuales previstos. La firma del acuerdo está fijada para el 13 de noviembre de 2026. 

Uno de los argumentos centrales de la Provincia es la situación de cobertura de los servicios en el AMBA. De acuerdo con los datos citados por Katopodis, alrededor de 3,7 millones de personas no cuentan con acceso a la red de agua potable y otras 5,5 millones carecen de conexión cloacal. En ese contexto, el funcionario cuestionó que la privatización pueda garantizar las inversiones necesarias para ampliar la cobertura y advirtió sobre el impacto que las decisiones empresariales y tarifarias podrían tener en los usuarios.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que el nuevo esquema de concesión contempla compromisos de inversión y metas de expansión del servicio. El plan previsto para el período 2027-2031 asciende a $2,89 billones, según la información oficial, e incluye obras, mantenimiento, mejoras y gastos de operación. 

El próximo 26 de octubre, Katopodis anticipó que participará de una audiencia pública para rechazar los aumentos tarifarios y reclamar un plan de obras. La Provincia también mantiene sus objeciones sobre la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones de saneamiento.

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El Marplatense