Detuvieron a un exchofer de Pedro Sánchez en España por una investigación vinculada al caso Koldo
La Guardia Civil arrestó a Cristian Corvillo y realizó allanamientos en instalaciones ferroviarias y en la vivienda del exministro José Luis Ábalos. La Justicia abrió una nueva investigación bajo secreto por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española detuvo este jueves 5 de noviembre en Córdoba a Cristian Corvillo, empresario y exchofer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las elecciones internas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de 2017. El procedimiento forma parte de una nueva etapa de la investigación judicial conocida como caso Koldo.
El operativo incluyó allanamientos en las instalaciones de Adif Alta Velocidad, organismo encargado de la infraestructura ferroviaria española, y en la vivienda del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ubicada en Valencia. Las medidas fueron ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Corvillo había trabajado como conductor de Sánchez durante la campaña interna de 2017, cuando el actual mandatario recorrió distintas regiones de España para recuperar el liderazgo del PSOE. Su nombre volvió a aparecer en las investigaciones por sus presuntos vínculos con el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García, ambos relacionados con las contrataciones de material sanitario durante la pandemia.
Según los informes policiales, en marzo de 2020 Corvillo habría enviado documentación sobre equipos de protección individual a Aldama, quien posteriormente la remitió a Koldo García. Los investigadores también identificaron una anotación de 100.000 euros junto al nombre de Cristian en un registro del empresario, aunque no existen pruebas concluyentes de que esa suma haya sido efectivamente cobrada.
La causa también analiza presuntas irregularidades en contratos de emergencia para la compra de mascarillas adjudicados por organismos públicos, entre ellos Adif y Puertos del Estado. Además, la Guardia Civil investiga posibles maniobras para favorecer a determinadas empresas en licitaciones de obras públicas durante la gestión de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.
En este contexto, el juez Ismael Moreno dispuso la apertura de una octava investigación separada y bajo secreto judicial, después de recibir un nuevo informe elaborado por la unidad especializada en delitos económicos de la Guardia Civil.
Debido a la reserva de las actuaciones, todavía no se conocen los hechos concretos que se le atribuyen a Corvillo ni el alcance de la documentación buscada durante los allanamientos.
El empresario ya había comparecido ante una comisión del Senado en marzo de 2025 y, posteriormente, declaró como testigo en otra investigación vinculada con un presunto fraude de hidrocarburos. En esa oportunidad, reconoció haber mantenido relaciones comerciales con Aldama, pero negó su participación en las irregularidades investigadas.
La Justicia española continúa con las diligencias para determinar si existieron delitos de corrupción y posibles beneficios económicos indebidos relacionados con contrataciones estatales.
