Desde el Concejo Deliberante repudian pedido de un violador para obtener prisión domiciliaria
La defensa de un violador, quien desde 2017 cumple una condena de 22 años en la cárcel de Batán por haber abusado de una mujer en la zona sur de Mar del Plata, pidió que se le concediera la libertad asistida, alegando que pertenece a los grupos de riesgo ante el brote de coronavirus, por poseer problemas de presión arterial, lo que “lo pone en riesgo en caso de permanecer en una dependencia carcelaria”.
Ante este pedido, la presidenta del bloque de concejales de la UCR, Vilma Baragiola, presentó un proyecto de resolución con el objetivo que el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon exprese su “enérgico repudio y rechazo” al pedido de la libertad realizado ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, por la defensa del violador.
En el proyecto, la edil repudió “el pedido presentado por la defensa del violador reincidente Rubén Galera, quien desde 2017 cumple una condena de 22 años en la Unidad Penal 15 de Batán por haber abusado de una mujer en Playa Los Lobos, solicitando se le concediera la libertad asistida por considerar que integra los grupos de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus”.
Y recordó que “Rubén Galera fue condenado en 2004 a 16 años de prisión por haber violado a una mujer en Miramar. Antes de que terminara de cumplir su condena (fines de 2015), el juez Juan Galarreta le concedió la libertad de manera anticipada. Esa libertad adelantada con que Galarreta lo benefició, le permitió a Galera volver a abusar el 5 de mayo de 2016”.
En ese sentido, Baragiola puntualizó que “en 2017, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, Fabián Riquert, Juan Manuel Sueyro y Mariana Irianni, condenaron a 22 años de prisión al violador reincidente Rubén Galera. A raíz de la pandemia de COVID-19, la Cámara Federal de Casación emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva por delitos no violentos, personas que estén próximas a cumplir su pena; personas condenadas a menos de 3 años de prisión; personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional; mujeres embarazadas y personas en grupos de riesgo”.
“Sobre delitos graves (como homicidios o delitos sexuales), la Cámara de Casación ordenó evaluar ‘con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo’ la aplicación de estas recomendaciones. Ya en el pasado mes de abril la Ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, manifestó su preocupación por las excarcelaciones de presos vinculados a delitos de abusos o femicidios”, añadió.
A continuación, la exdiputada nacional señaló que “hay antecedentes, durante el transcurso del ASPO, en que agrupaciones feministas pidieron ‘jury’ a los jueces que liberen a femicidas y violadores por ser ‘responsables directos de no proteger a las víctimas de dichos delitos’. No se trata de no atender las condiciones de hacinamiento ni los derechos de los presos, pero eso no puede ni debe ser excusa para retroceder en lo que se ha logrado avanzar al condenar a femicidas y violadores”.
“En el contexto de la pandemia los femicidios han aumentado, y hay campañas y protocolos especiales al respecto: la estadística de mujeres muertas a manos de sus parejas en esta cuarentena en nuestro país crece a la par del conteo de afectados por el coronavirus. La liberación de detenidos por delitos de violencia de género no es más que un mensaje contraproducente para con el pedido de denuncia que se le realiza a las víctimas que hoy sufren violencia y ven desde sus casas un comercial que les dice ‘no tengas miedo’, habiendo un sistema que avala que femicidas y violadores vuelvan a sus casas”, sentenció Baragiola.
