Condenaron a una banda policial que llevaba cocaína robada a Santa Clara del Mar
El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles. La organización extorsionaba a personas investigadas por narcotráfico, fraguaba procedimientos y se apropiaba de cargamentos de droga para volver a comercializarlos.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles, entre ellos dos abogados, por integrar una organización que utilizaba recursos y facultades del Estado para extorsionar a personas investigadas por narcotráfico, manipular causas y apropiarse de estupefacientes. Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión, luego de un debate oral que se extendió durante casi dos años.
Según quedó acreditado durante el juicio, la estructura estaba integrada por agentes que habían prestado funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Desde allí se desarrollaron distintas maniobras que incluían extorsiones, cobro de dinero para evitar procesos penales y falsificación de actuaciones judiciales.
Uno de los episodios más relevantes analizados fue el denominado “Leones blancos”, ocurrido el 29 de diciembre de 2013 en una quinta de Moreno vinculada al clan Loza. El procedimiento, que posteriormente fue anulado por la Justicia, se inició a partir de una denuncia anónima falsa y terminó con el supuesto secuestro de casi media tonelada de cocaína.
Sin embargo, la investigación determinó que los integrantes de la organización policial también se apoderaron de más de 480 kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta que había salido del lugar. Esa droga fue desviada con el objetivo de volver a introducirla en el mercado ilegal.
La conexión con Santa Clara del Mar
Uno de los puntos de la investigación tiene especial impacto en la región: el cargamento sustraído, valuado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladado hasta Santa Clara del Mar. Desde allí se proyectaba su distribución en diferentes puntos de la Costa Atlántica y también en circuitos internacionales, mediante paquetes termosellados.
Por las maniobras relacionadas con “Leones blancos” fueron condenados integrantes de la delegación de Quilmes, entre ellos el comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, considerados coautores de delitos que incluyeron uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
También fueron alcanzados por el fallo los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, quienes recibieron penas de 14 años y seis meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca fue condenada a 11 años.
La investigación determinó además que no se trataba de un episodio aislado. Maniobras similares fueron detectadas en las causas conocidas como “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”, en las que se comprobaron extorsiones a personas investigadas por narcotráfico, pedidos de dinero para evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales.
En cuanto a la estructura que operaba desde San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty recibió una pena de 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré fue condenado a 14 años y el teniente Mario Alberto de Armas, a 12.
El fallo también alcanzó a civiles. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli recibieron penas de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión, tras ser considerados integrantes de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho. En total, hubo 25 condenados y seis personas absueltas.
Además, el veredicto abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre las posibles responsabilidades dentro del ámbito judicial. El tribunal dispuso profundizar las actuaciones relacionadas con el destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios que podrían haber tenido participación o conocimiento de las maniobras investigadas.
La sentencia expuso así un entramado que, de acuerdo con la acusación acreditada durante el proceso, utilizó estructuras estatales destinadas a combatir el narcotráfico para intervenir ilegalmente en ese mismo mercado, mediante extorsiones, causas fraguadas y la apropiación de cargamentos millonarios de cocaína.
