Caso YPF: el Gobierno busca que Estados Unidos investigue a la familia Eskenazi

El Gobierno de Javier Milei lleva adelante gestiones ante Estados Unidos para impulsar una investigación penal sobre el ingreso, la administración y la posterior salida de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen de YPF.

Funcionarios de primera línea de la administración nacional mantuvieron reuniones reservadas con representantes del gobierno de Donald Trump con el objetivo de que el Departamento de Justicia estadounidense analice el caso y eventualmente abra una causa penal. 

El foco está puesto principalmente en la operación mediante la cual el Grupo Petersen adquirió el 25% de las acciones de YPF durante los gobiernos kirchneristas. La estrategia oficial busca determinar si existieron irregularidades o posibles hechos de corrupción alrededor de esa adquisición. 

Una eventual investigación en Estados Unidos también podría tener consecuencias sobre la estrategia judicial argentina. Desde el Gobierno consideran que, si se comprobara un origen fraudulento en la compra del paquete accionario, ese elemento podría utilizarse para cuestionar los reclamos económicos relacionados con YPF que se tramitan en los tribunales estadounidenses.

La iniciativa llega después de un importante giro judicial favorable para la Argentina. El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió el fallo de primera instancia que había condenado al país a pagar aproximadamente US$16.100 millones a Petersen y Eton Park. 

Sin embargo, el conflicto judicial no debe considerarse completamente cerrado. La decisión de la Cámara modificó de manera sustancial el escenario del litigio, pero los demandantes todavía cuentan con vías para intentar continuar la disputa judicial.

La ofensiva argentina cuenta además con un antecedente en Washington. Según la información conocida, el Departamento de Justicia estadounidense ya había emitido un memorándum respaldando un pedido de organizaciones civiles argentinas para investigar presuntas irregularidades vinculadas con la adquisición de las acciones de YPF.

Ahora, la Casa Rosada busca que las gestiones avancen hacia una investigación formal que pueda aportar nuevos elementos sobre las operaciones realizadas alrededor de la petrolera y, al mismo tiempo, fortalecer la posición argentina en los conflictos judiciales vinculados con YPF.

Por el momento, las gestiones informadas no implican que exista una causa penal abierta contra la familia Eskenazi ni que se hayan comprobado delitos. El Gobierno argentino busca que las autoridades estadounidenses investiguen las operaciones y determinen si existen elementos que justifiquen avanzar judicialmente.

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El Marplatense