Caso Skatepark: piden ampliar la imputación a los responsables de la empresa de colectivos

En el marco de la causa judicial por el siniestro ocurrido en el Skatepark de Mar del Plata, la representación legal de la familia de Guadalupe Merlos fue quien solicitó ampliar la demanda penal hacia los dueños de la empresa.

El pedido fue presentado por el abogado  Maximiliano Orsini ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 de Mar del Plata, en una causa caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas. El escrito acompaña un informe técnico ampliatorio del perito de parte Gustavo Eduardo Hollmann y solicita nuevas medidas de prueba para reconstruir las condiciones mecánicas de la unidad Mercedes-Benz, dominio ONS379.

Uno de los puntos centrales de la presentación es el historial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) del colectivo. Según el informe citado por la querella, el vehículo fue rechazado por un defecto grave en el sistema de frenos, debido a un desequilibrio del 53% en el eje delantero. Sin embargo, volvió a ingresar a la línea de inspección dos horas y 28 minutos después y obtuvo un resultado apto. Para la parte denunciante, resulta necesario esclarecer qué ocurrió durante ese intervalo, qué reparaciones se realizaron y quién autorizó que la unidad volviera a circular.

El planteo también menciona un antecedente técnico del 16 de abril de 2026, cuando el vehículo registró un desequilibrio del 31% en el eje delantero y una eficacia de frenado del 62%. Además, el informe señala que no se encontraron rastros de maniobras de frenado en el lugar del siniestro y que no se pudo verificar el correcto funcionamiento del sistema durante la pericia mecánica anterior.

A partir de esos elementos, la querella pidió identificar a los responsables de mantenimiento, al jefe de taller, a los encargados de flota y operaciones y a los administradores, socios o titulares de la empresa que tuvieran funciones concretas sobre la seguridad mecánica y la puesta en servicio del colectivo. La presentación aclara que la eventual responsabilidad penal no debe derivarse únicamente de la pertenencia a la firma, sino de conductas u omisiones propias, el conocimiento de los riesgos y la capacidad efectiva de evitarlos.

Entre las medidas solicitadas figuran la declaración testimonial de Javier Suárez, identificado en los certificados de VTV como conductor de la unidad durante las inspecciones; la entrega del historial completo de mantenimiento; la identificación de la estructura funcional de la empresa y un nuevo requerimiento a la firma encargada de la verificación técnica para que aporte los registros de ambas inspecciones y explique el resultado apto otorgado tras el rechazo inicial.

Finalmente, el abogado solicitó que, una vez reunidos los elementos necesarios e individualizados los responsables, se amplíe formalmente la imputación y se los convoque a declarar en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense. Se trata de un pedido de la querella y no implica que los responsables empresariales hayan sido imputados formalmente ni que se haya determinado su responsabilidad penal.