Caso Chocolate: la denuncia por presunto encubrimiento vuelve a poner bajo la lupa a la política bonaerense
La decisión de la Legislatura bonaerense de mantener bajo reserva expedientes vinculados a requerimientos judiciales del denominado “Caso Chocolate” volvió a sacudir el escenario político de la provincia de Buenos Aires y reabrió interrogantes sobre el rol de distintos dirigentes en uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años.
:format(webp):quality(60)/https://elmarplatensecdn.eleco.com.ar/media/2026/09/_29.webp)
La controversia tomó un nuevo impulso luego de que el juez de Garantías Guillermo Atencio denunciara a autoridades de la Cámara de Diputados por un presunto encubrimiento, al considerar que se obstaculizó el acceso de la Justicia a información considerada clave para avanzar en la investigación. La causa busca determinar quiénes impulsaron contrataciones legislativas bajo sospecha y cuál era el destino final de los fondos involucrados.
El expediente tiene su origen en septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau fue detenido mientras retiraba dinero de múltiples tarjetas de débito correspondientes a empleados de la Legislatura bonaerense. Desde entonces, la investigación judicial intenta reconstruir la estructura detrás de esas designaciones y establecer eventuales responsabilidades políticas.
La polémica volvió a escalar cuando trascendió que documentación requerida por la fiscal Betina Lacki para identificar a los responsables de las contrataciones no sería revelada. Esa situación derivó en la presentación realizada por Atencio, quien planteó la necesidad de que la Justicia determine si existieron maniobras destinadas a impedir el avance de la causa.
Uno de los aspectos que más repercusión generó fue el amplio respaldo político que tuvo la decisión dentro de la Cámara de Diputados bonaerense. Representantes de Unión por la Patria, La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica que se encontraban presentes en el recinto acompañaron la resolución que dispuso el archivo de las actuaciones. Según trascendió, el único legislador que dejó expresamente asentada su oposición fue Cristian Castillo, del Frente de Izquierda.
La resolución adquirió una fuerte dimensión política porque terminó bloqueando el acceso a información que la fiscal considera relevante para identificar quiénes promovieron las contrataciones investigadas. Ahora será la Justicia la que deberá definir cómo proceder frente a la negativa del Poder Legislativo de aportar documentación en una causa que inicialmente estuvo asociada a una estructura vinculada al Frente Renovador de Sergio Massa, pero que con el paso del tiempo derivó en cuestionamientos que alcanzan a distintos sectores de la política bonaerense.
En ese contexto, volvió a cobrar fuerza una frase pronunciada por Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023, cuando respondió a las acusaciones de Patricia Bullrich sobre supuestos vínculos con el caso. “Que le pregunte a Maximiliano Abad”, lanzó entonces el exministro de Economía, en referencia al dirigente radical marplatense. En ese momento, Massa insistió además en que Bullrich debía consultar “a su candidato a senador, que es firmante de la Legislatura”, una declaración que volvió a circular en las últimas horas a raíz de las nuevas revelaciones sobre el expediente.
Las ultimas noticias de la causa, hicieron que vuelva a escena aquella frase que colocó nuevamente a Maximiliano Abad en el centro de la discusión política. El actual senador nacional y principal referente de la UCR bonaerense fue mencionado en diversas publicaciones periodísticas y en el debate público que rodea al funcionamiento de la estructura legislativa investigada.
La nueva denuncia por presunto encubrimiento profundizó los cuestionamientos sobre la transparencia de la Legislatura provincial y volvió a exponer a dirigentes de distintas fuerzas políticas. El hecho de que la decisión de archivar la documentación haya contado con apoyo transversal alimentó críticas de sectores que reclaman un mayor nivel de apertura institucional frente a una causa de alto impacto público.
Mientras la Justicia intenta establecer quiénes fueron los responsables de las contrataciones investigadas y si existieron acciones destinadas a dificultar el esclarecimiento de los hechos, el “Caso Chocolate” sigue proyectando sus efectos sobre la política bonaerense. Y en ese escenario, el nombre de Maximiliano Abad vuelve a aparecer como uno de los protagonistas de una discusión que trasciende las fronteras partidarias y pone bajo la lupa el funcionamiento interno de la Legislatura provincial.
