Caminos rurales en desuso: buscan que los municipios puedan cobrar por su utilización en la Provincia de Buenos Aires
La iniciativa contempla permisos para actividades productivas y comunitarias y la posibilidad de establecer un canon.
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El proyecto de ley presentado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires busca otorgar nuevas herramientas a los municipios para administrar los caminos rurales que se encuentran en desuso o que tienen una baja funcionalidad vial. La iniciativa contempla que esas trazas puedan ser destinadas temporalmente a determinadas actividades productivas o comunitarias y que, en algunos casos, los municipios puedan cobrar un canon por su utilización.
La propuesta fue impulsada por la senadora María Inés Laurini, del bloque Fuerza Patria, y establece la creación de un régimen provincial al que los municipios podrán adherir de manera voluntaria. Uno de los principales objetivos es evitar que caminos rurales que dejaron de ser utilizados queden expuestos a ocupaciones de hecho, cierres o apropiaciones particulares.
De acuerdo con el proyecto, los municipios que adhieran podrán crear un Registro Municipal de Caminos Rurales en Desuso de Hecho o con Baja Funcionalidad Vial. Allí se identificarán y clasificarán las distintas trazas según su situación y las posibilidades de recuperación o utilización.
Para determinar el estado de cada camino se realizarán relevamientos catastrales, jurídicos, ambientales, hídricos y territoriales. También se deberá establecer su ubicación, extensión, estado de conservación y la posible existencia de obstáculos, cierres u ocupaciones. La iniciativa permitiría además que los gobiernos municipales desarrollen tareas de custodia, señalización, recuperación y control de estos caminos.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de otorgar permisos, concesiones o convenios para determinados usos alternativos de las trazas.
Entre las actividades contempladas aparecen el pastoreo, la instalación de colmenas y el desarrollo de huertas comunitarias. En determinadas situaciones, esos permisos podrían incluir el pago de un canon por parte de particulares, productores o empresas.
Las autorizaciones serían temporarias, precarias y revocables, y no generarían derechos de propiedad o posesión sobre las tierras. Tampoco podrían implicar el cierre definitivo ni la desafectación del camino.
El proyecto establece que los recursos que eventualmente se obtengan mediante estos permisos deberían destinarse prioritariamente al mantenimiento y mejoramiento de la red vial municipal. También podrían utilizarse para obras y servicios rurales, infraestructura comunitaria, ordenamiento territorial y tareas relacionadas con la gestión hídrica.
La iniciativa busca así que los caminos que actualmente tienen poco o ningún uso puedan generar recursos para su propia conservación, sin perder su carácter público.
