“Batán Center”: una red de estafas telefónicas operaba desde las cárceles y realizó más de 10.400 llamadas

Una investigación de la Fiscalía N.º 13 del Departamento Judicial de Mar del Plata permitió descubrir el funcionamiento de una presunta asociación ilícita que realizaba estafas telefónicas desde la cárcel y coordinaba acciones con otros integrantes que operaban en distintas ciudades. Entre el 4 de junio y el 8 de octubre de 2026, los investigadores contabilizaron 10.441 llamadas efectuadas desde la Unidad Penal N.º 1 de Lisandro Olmos hacia abonados de diferentes puntos del país.

De acuerdo con el documento judicial fechado el 26 de octubre, los internos utilizaban teléfonos celulares para contactar de manera periódica a potenciales víctimas, obtener sus datos personales y patrimoniales mediante engaños e inducirlas a entregar dinero, realizar transferencias bancarias u otras operaciones perjudiciales. La estructura investigada habría funcionado como un centro de llamadas, con distintos grupos que actuaban como células en varias localidades, incluida Mar del Plata.

El mecanismo no terminaba necesariamente con la conversación telefónica. Según la hipótesis fiscal, los internos transmitían la información obtenida a otros integrantes de la organización para que intervinieran cuando no lograban concretar el engaño a distancia. En esos casos, los sospechosos podían presentarse en las viviendas de las víctimas para consumar la estafa o ingresar por la fuerza y apoderarse de sus bienes.

Las intervenciones telefónicas permitieron identificar dos modalidades principales. En una, los delincuentes se hacían pasar por policías y aseguraban que un familiar de la víctima estaba detenido por haber atropellado a una mujer embarazada. Para conseguir su supuesta liberación, exigían el pago de una fianza y anunciaban que un efectivo pasaría por la vivienda a retirar el dinero.

En la otra maniobra, los autores simulaban ser hijos o sobrinos de las personas contactadas y les pedían cambiar dólares con urgencia debido a un supuesto anuncio presidencial. Con ese argumento, buscaban que las víctimas entregaran sus ahorros o realizaran operaciones económicas en beneficio de los integrantes de la organización.

Los informes de las empresas telefónicas registraron 5.158 llamadas entre el 4 de junio y el 8 de julio, y otras 5.283 entre el 4 de agosto y el 8 de octubre. Las comunicaciones alcanzaron a localidades como Mar del Plata, Necochea, Tandil, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Miramar, La Plata y Olavarría, además de ciudades de otras provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías N.º 4 el allanamiento de la Unidad Penal N.º 1 de Olmos. Durante el procedimiento, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mar del Plata secuestró teléfonos celulares en la celda de Hugo Carlos Miguel, quien cumple una condena de 30 años de prisión por robo agravado por escalamiento, homicidio agravado criminis causae y robo agravado por lesiones graves, además de haber sido declarado reincidente.

La causa también incluyó pedidos de allanamiento en las unidades penitenciarias N.º 44 y N.º 15 de Batán para detener a Alejandro David Rosales Demetrio, Franco Isaías Miguel y Jonathan Ezequiel Villalba, señalados como presuntos integrantes de la asociación ilícita y sospechosos de ser coautores de estafa y robo agravado. En ambos establecimientos se secuestraron teléfonos celulares que estaban en poder de los nombrados.

En el cierre del informe, el fiscal sostuvo que las pruebas reunidas vuelven a poner en evidencia la necesidad de restringir el uso de teléfonos celulares por parte de las personas alojadas en las cárceles bonaerenses, para evitar que desde las unidades penitenciarias se planifiquen y ejecuten estafas, defraudaciones informáticas, extorsiones, coacciones y robos agravados.