ATE rechazó el plan de retiros voluntarios del Gobierno y prevé medidas de fuerza

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó el plan de retiros voluntarios planificado por el Gobierno nacional para los trabajadores de la Administración Pública Nacional y evalúa realizar medidas de fuerza.

El sindicato pudo acceder a la información que surge del expediente administrativo que contiene un proyecto de decreto que se publicaría en las próximas horas. 

Según lo que busca el Gobierno, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con alrededor de 2.187 adhesiones y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones.

Quien se adhiera no podrá volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y los cargos dados de baja no podrían cubrirse durante 2 años. Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberán renunciar al mismo para adherir.

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es firmar si o si para no perder el laburo y la obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

Además, el dirigente dijo: “Nuestro rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno es total. Recordemos que en los '90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió”.

“Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”, evidenció el dirigente estatal.

“A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

El régimen alcanzaría al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada (Ley 25.164) y a quienes tengan contrato por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían afuera las personas contratadas sin estabilidad y quienes estén bajo sumario o hayan presentado su renuncia.

Además, la segmentación estaría aplicada en tres grupos: Personas que ya están en edad jubilatoria y tienen los años de aportes necesarios; Personas en edad jubilatoria pero a las que les faltan algunos años de aportes; Trabajadores más jóvenes que quieran abandonar voluntariamente el Estado.

En el caso del primer grupo, el decreto detalla que el Estado pagaría el 60% del sueldo bruto hasta que la persona cumpla los requisitos para jubilarse, con un máximo de 36 meses. Durante ese período, además, el Estado pagará los aportes y contribuciones de obra social y previsionales, calculados sobre el sueldo.

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El Marplatense