24 trabajadores de FATE irán a juicio por la ocupación de la planta

La Justicia de San Isidro resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra 24 trabajadores de FATE, entre ellos dirigentes sindicales, delegados y operarios, por la ocupación de la planta ubicada en San Fernando. Entre los imputados se encuentra Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli, que imputó a los trabajadores por los delitos de turbación de la posesión y daños.

El expediente se originó a partir de la ocupación de la planta luego de que la empresa anunciara, en febrero de este año, el cierre de sus operaciones. La decisión dejó en una situación de incertidumbre laboral a alrededor de 920 trabajadores, en el marco de un conflicto que desde entonces tuvo diferentes capítulos en los ámbitos laboral, sindical y judicial.

Tras el cierre, un grupo de trabajadores decidió permanecer en el predio y acampar en la planta con el objetivo de evitar su desmantelamiento y mantener abierta la posibilidad de una eventual reapertura.

Desde el gremio sostienen que la medida forma parte de una protesta para defender los puestos de trabajo y cuestionaron la decisión empresarial de cerrar una planta considerada estratégica para la producción nacional de neumáticos.

En septiembre, la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro había ordenado la restitución del inmueble a la empresa, al considerar agotadas las instancias de conciliación. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente recurrida por el SUTNA y quedó suspendida de manera provisoria mientras el planteo continúa en la Justicia.

Desde el sindicato rechazaron la elevación a juicio y anticiparon que la defensa apelará la resolución ante la Cámara de Apelación y Garantías, con el objetivo de conseguir el sobreseimiento de los 24 imputados y el archivo de la causa.

El SUTNA sostiene que los trabajadores no cometieron los delitos que se les atribuyen, sino que ejercieron el derecho a huelga en el marco de un conflicto laboral generado por el cierre de la fábrica.

En ese sentido, el gremio calificó la decisión judicial como “arbitraria” e “infundada” y cuestionó que se avance penalmente contra trabajadores que, según su postura, estaban reclamando por la continuidad de sus puestos de trabajo.

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El Marplatense