Alarma por los suicidios en la Policía Bonaerense: impulsan una ley para atender la salud mental

La salud mental de los efectivos de la Policía Bonaerense volvió a instalarse en la agenda legislativa provincial a partir de un proyecto que propone establecer mecanismos permanentes de prevención, atención y acompañamiento psicológico. La iniciativa apunta a fortalecer la asistencia de quienes enfrentan situaciones de violencia, estrés y experiencias traumáticas durante el ejercicio de sus funciones.

La propuesta fue presentada por el senador bonaerense del PRO, Pablo Petrecca, y contempla la creación de un Régimen Provincial de Prevención, Atención y Seguimiento de la Salud Mental del Personal Policial. Su objetivo es garantizar que los agentes puedan acceder a herramientas de contención profesional sin que esto represente automáticamente un perjuicio para su carrera.

Uno de los principales aspectos del proyecto es la protección de la confidencialidad de los tratamientos psicológicos. En ese sentido, establece que solicitar asistencia o recibir un diagnóstico no podrá ser considerado, por sí solo, un antecedente negativo ni justificar sanciones disciplinarias.

La iniciativa también contempla protocolos de intervención inmediata frente a situaciones especialmente complejas, como enfrentamientos armados, procedimientos con múltiples víctimas o la muerte de compañeros durante operativos.

El planteo surge en un contexto de preocupación por el bienestar psicológico de los integrantes de la fuerza. Según datos oficiales correspondientes a 2024, 37 policías bonaerenses murieron por suicidio, mientras que ocho fallecieron en actos de servicio, cifras que motivaron pedidos de información sobre los dispositivos de prevención y asistencia disponibles.

En abril de este año, Petrecca había solicitado al Gobierno provincial detalles sobre los casos registrados, las licencias psiquiátricas, el acceso a tratamientos, la cobertura de IOMA y el funcionamiento de los programas de acompañamiento psicológico.

La nueva propuesta busca avanzar sobre esa problemática mediante un marco legal que permita sostener las políticas de atención más allá de los cambios de gestión. También plantea diferenciar la asistencia sanitaria de las evaluaciones de aptitud psicofísica que deben cumplir los agentes para desempeñar sus funciones.

De esta manera, recibir atención psicológica no implicaría automáticamente la separación del servicio ni la pérdida de la aptitud laboral, aunque se mantendrían los controles correspondientes para determinar si un efectivo se encuentra en condiciones de desarrollar sus tareas.

El legislador también impulsa medidas vinculadas con la salud mental en el ámbito educativo. Entre ellas, presentó un proyecto para incorporar profesionales de la psicología a los Equipos de Orientación Escolar de establecimientos públicos y privados, con el propósito de mejorar la detección temprana de situaciones de violencia, ansiedad y dificultades emocionales.

Ambas iniciativas forman parte de una agenda legislativa orientada a fortalecer los mecanismos de prevención y ampliar el acceso al acompañamiento profesional en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Por el momento, el régimen destinado al personal policial continúa siendo una propuesta legislativa, por lo que su implementación dependerá del tratamiento y eventual aprobación en la Legislatura bonaerense.

El debate pone nuevamente el foco en las condiciones de trabajo de los efectivos y en la necesidad de contar con dispositivos de atención accesibles, confidenciales y sostenidos en el tiempo para abordar situaciones de riesgo antes de que se agraven.