Usuarios viales denuncian “cobro inconstitucional” en la Ruta Provincial 6
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial rechazó formalmente la implementación de un sistema de peaje directo, con la instalación de tres estaciones de cobro.
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El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) rechazó formalmente la implementación de un sistema de peaje directo en la Ruta Provincial N°6, anunciada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, al considerar que se trata de un “cobro compulsivo e inconstitucional” sobre un corredor productivo de 180 kilómetros que conecta los puertos de La Plata y Zárate-Campana. La medida prevé la instalación de tres estaciones de cobro y fue cuestionada por la entidad a través de un comunicado.
En su pronunciamiento, la organización calificó la iniciativa como una “nueva estafa vial” y un “falso peaje”, al sostener que la infraestructura de la traza ya fue financiada previamente mediante impuestos generales. Según argumentaron, el esquema implicaría una doble imposición para los usuarios que transitan habitualmente por el corredor.
De acuerdo con las estimaciones económicas difundidas por CONADUV, el impacto del cuadro tarifario sería significativo. Un vehículo particular que realice 20 viajes mensuales (ida y vuelta) entre ambas cabeceras debería afrontar un costo anual de 4.400.000 pesos en concepto de peajes. En el caso de los camiones de seis ejes, el gasto ascendería a 22.000.000 de pesos anuales, con un efecto directo en la estructura de costos del transporte y en los precios de bienes de consumo.
En el plano institucional, la entidad cuestionó que el proyecto haya sido impulsado mediante disposiciones ministeriales sin la realización de audiencias públicas ni mecanismos de participación ciudadana. Según indicaron, esta omisión vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional y limita el control social sobre decisiones de alto impacto económico.
Asimismo, los técnicos viales advirtieron que la Ruta 6 es una vía abierta sin alternativas libres de pago, lo que refuerza el carácter obligatorio del peaje. También señalaron que, debido al bajo caudal de tránsito, gran parte de la recaudación podría destinarse a cubrir costos operativos de las cabinas administradas por la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), a la que calificaron como una estructura “burocrática e innecesaria”.
