Ushuaia: un juez reconoció derechos a conejos que iban a ser asesinados con gas
La resolución federal consideró a estos animales seres sintientes y volvió a poner en debate cómo deben controlarse las especies invasoras sin recurrir a métodos letales.
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Una decisión judicial generó repercusión en Tierra del Fuego luego de que el magistrado federal Federico Calvete reconociera a los conejos europeos como “sujetos de derechos no humanos”. En su resolución, sostuvo que, por tratarse de seres sintientes, merecen protección jurídica y no pueden ser considerados simplemente como objetos o bienes.
El caso se remonta a 2020, cuando organizaciones proteccionistas acudieron a la Justicia por un proyecto del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), dependiente del CONICET. El organismo analizaba utilizar fosfuro de aluminio, una sustancia que libera fosfina, para reducir la población de conejos presente en su predio cercano a la bahía de Ushuaia.
En aquel momento, la Justicia suspendió la aplicación de ese procedimiento. Desde el centro científico habían argumentado que las madrigueras podían provocar daños sobre las instalaciones y que la proliferación de los animales también generaba consecuencias ambientales. Finalmente, el método con fosfina no llegó a utilizarse y se evaluaron otras alternativas de manejo.
Ahora, al considerar que el conflicto original había quedado sin efecto, Calvete avanzó sobre una cuestión más amplia y se pronunció respecto del estatus jurídico de los animales. El magistrado entendió que no corresponde tratarlos como simples cosas y afirmó que pueden recibir tutela por parte de los tribunales.
La discusión tiene además una particularidad: el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) está considerado una especie exótica invasora en Argentina. En 2020, el Gobierno nacional declaró a sus poblaciones silvestres perjudiciales debido al impacto que pueden generar sobre la biodiversidad y determinadas actividades productivas.
La decisión vuelve así a abrir un debate que viene creciendo en el ámbito judicial: cómo garantizar el bienestar animal y, al mismo tiempo, controlar aquellas especies invasoras cuya expansión puede producir daños ambientales.
