Una decisión judicial paralizó el nuevo sistema penal juvenil bonaerense
Durante 60 días quedará sin efecto la aplicación de la Ley 27.801 en territorio de Buenos Aires. La magistrada advirtió que faltan infraestructura, recursos y personal para recibir a adolescentes de 14 y 15 años.
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Apenas dos días después de la entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil, la Justicia ordenó suspender durante 60 días su aplicación en toda la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.
La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo. El planteo puso el foco en las condiciones de los establecimientos destinados a adolescentes privados de la libertad y en el impacto que podría generar la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años al régimen.
La Ley 27.801 había comenzado a regir el sábado 5 de septiembre y reemplazó la normativa anterior. Entre sus principales cambios, estableció que los adolescentes pueden ser responsabilizados penalmente desde los 14 años y hasta antes de cumplir los 18.
Para Pascual, la Provincia no cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar un posible aumento de jóvenes privados de su libertad sin riesgo de que se vulneren sus derechos.
La jueza también tuvo en cuenta la situación de los centros de detención para adolescentes. En uno de los establecimientos de Lomas de Zamora ya había dispuesto anteriormente un límite de 60 personas alojadas debido a las condiciones existentes. Si bien reconoció mejoras en infraestructura, alimentación y acceso al agua, consideró que todavía persisten problemas que deben ser resueltos.
Como parte de la resolución, Pascual convocó para el 16 de septiembre a las 10 a una audiencia con funcionarios provinciales. Allí deberán informar qué medidas fueron adoptadas para implementar la normativa, cuáles son los recursos disponibles y en qué plazos podrían realizarse las adecuaciones necesarias.
La suspensión se conoció además el mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.801 mediante el Decreto 875/2026, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para el ámbito nacional y federal.
