Remediar: presentaron un recurso de amparo contra el Gobierno
El amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Nación exige que se garantice el acceso a medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de la provincia de Buenos Aires. Según los datos difundidos, los botiquines distribuidos pasaron de casi 40.000 en 2023 a menos de 4.000 durante los primeros meses de 2026.
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El recorte de medicamentos del Programa Remediar llegó a la Justicia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo colectivo contra el Gobierno nacional para reclamar que se restablezca la provisión de medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de la provincia de Buenos Aires.
La demanda apunta directamente contra el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, y busca que el Estado nacional vuelva a garantizar la distribución de medicamentos destinados a personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud. Además, la organización solicitó una medida cautelar para impedir que se continúe reduciendo el listado de medicamentos disponibles mientras avance el proceso judicial.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata y fue incorporada al Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte. Ahora, la Justicia deberá resolver el pedido cautelar.
Desde el CELS explicaron que recurrieron a esta vía porque el impacto de los recortes alcanza a miles de bonaerenses que no cuentan con obra social ni cobertura prepaga y que encuentran en los centros de salud su principal posibilidad de acceder a tratamientos.
Uno de los datos más contundentes del reclamo tiene que ver con la caída en la distribución de medicamentos. Según cifras oficiales citadas por el CELS, los botiquines enviados a la provincia de Buenos Aires pasaron de casi 40.000 en 2023 a menos de 4.000 durante los primeros meses de 2026.
La organización también denunció que los psicofármacos dejaron de distribuirse por completo, mientras que numerosos medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas fueron excluidos del nuevo esquema.
De acuerdo con la denuncia, los fármacos cardiovasculares pasaron de 128 presentaciones a solamente 6, mientras que los tratamientos para diabetes, asma y epilepsia quedaron afuera de la nueva distribución.
Otro de los puntos cuestionados por la organización es la reducción de los establecimientos sanitarios alcanzados por el programa. De los aproximadamente 8.100 centros de salud que recibían los botiquines de Remediar, solamente 800 continuarían recibiendo provisiones bajo el nuevo esquema.
Desde el CELS advirtieron que la interrupción de tratamientos para enfermedades como la hipertensión y la diabetes puede provocar complicaciones que posteriormente resultan difíciles de revertir. En ese sentido, remarcaron que el acceso a los medicamentos no puede quedar sujeto a la capacidad económica de cada paciente ni a las posibilidades presupuestarias de cada municipio o provincia.
El amparo sostiene que la reducción de las prestaciones constituye una medida regresiva que vulnera el derecho a la salud, reconocido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
La organización también alertó sobre el impacto social de la decisión en un contexto de aumento del costo de vida, en el que cada vez más personas dependen de la atención pública para acceder a medicamentos y sostener sus tratamientos.
“El mapa desigual de acceso a la salud probablemente sea la consecuencia más duradera de la actual política sanitaria, junto con las enfermedades y las muertes evitables”, señalaron desde el CELS.
El reclamo judicial busca que el Estado nacional garantice de manera continua la provisión de medicamentos esenciales y que se abstenga de profundizar los recortes mientras se resuelve la causa.
Con el expediente ya en manos de la Justicia Federal de La Plata, el conflicto por el futuro del Programa Remediar suma un nuevo capítulo.
