Quieren prohibir el lenguaje inclusivo en la Provincia
Los diputados opositores Guillermo Castello (Libertad Avanza) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto de ley para que se prohíba el uso del llamado “lenguaje inclusivo” en el Estado y en el sistema educativo de la Provincia, horas después de que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispusiera la misma medida en las escuelas porteñas.
En su proyecto, Castello y Ranzini afirman que “buscan evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar, como así también evitar expresiones que resulten expresiones que resulten impronunciables verbalmente”. Así describieron a uso de la “e” para evitar el masculino genérico y también signos como la X.
Junto @MatiRanzini presentamos hoy un proyecto prohibiendo el lenguaje inclusivo en el Estado y en el sistema educativo de la provincia.
El lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno y el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. pic.twitter.com/3Y9Bxu0p5L— Guillermo Castello (@grcastello) June 10, 2022
Los diputados enfatizaron que la prohibición les resulta particularmente necesaria “en el ámbito educativo, porque una deformación del lenguaje puede conspirar contra el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”, un punto sobre el que los expertos mantienen discrepancias.
Castello, que pertenece al sector que comanda José Luis Espert, y Ranzini, diputado PRO de la segunda sección electoral, aseguran que el uso del lenguaje inclusivo representa “una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontánea del lenguaje”.
Hoy, la ministra de Educación porteña, junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, presentaron una recomendación a los docentes de la ciudad para que en las escuelas de esa jurisdicción no se use el lenguaje inclusivo, lo que disparó una denuncia de los gremios docentes de la jurisdicción, que consideran que se afecta la libertad de expresión.
“El lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno y el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”, dijeron por su parte Castello y Ranzini.
