PBA: la justicia frenó la privatización de AySA

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), impulsada por el Gobierno de Javier Milei, sumó un nuevo obstáculo judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que limita los cambios que la compañía puede realizar sobre las condiciones de prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Al mismo tiempo, los magistrados resolvieron que el expediente deberá continuar en el fuero federal, debido a que la discusión involucra el marco regulatorio nacional y la participación mayoritaria del Estado nacional en la empresa. La resolución fue firmada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez y ratificó una decisión adoptada previamente por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata.

El fallo establece que AySA no podrá modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el saneamiento y la protección del ambiente. La medida cautelar permanecerá vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo. De esta manera, el eventual traspaso de la compañía al sector privado no podrá implicar, al menos por ahora, una reducción de los estándares de prestación vigentes para los usuarios.

La Justicia fundamentó su decisión en el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, además de los principios preventivo y precautorio en materia ambiental. También hizo referencia al criterio de “in dubio pro natura”, según el cual, ante una duda respecto del impacto ambiental de una medida, debe priorizarse la alternativa que genere un menor perjuicio.

La causa se inició a partir de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión firmado en mayo de 2026. El planteo sostiene que algunas de las disposiciones del convenio podrían significar una reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios. La demanda alcanza a los servicios de agua potable y desagües cloacales que AySA presta en 26 municipios del conurbano y la región metropolitana.

Tras la presentación, la Justicia de primera instancia había ordenado a la empresa abstenerse de adoptar medidas que pudieran disminuir sus obligaciones respecto del servicio, el acceso al agua, la salud pública y el ambiente. AySA apeló esa decisión, pero la Cámara rechazó el planteo y confirmó la cautelar.

Con la resolución de la Cámara de La Plata, el expediente deberá ser remitido al fuero federal, donde se deberá definir la cuestión de fondo y determinar el alcance definitivo de los cuestionamientos planteados contra el proceso de concesión.

Sobre el autor

El Marplatense