LLA impulsa un juicio político contra la jueza que suspendió la ley penal juvenil
El oficialismo bonaerense anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la jueza que suspendió la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil, norma que contempla la reducción de la edad de imputabilidad.
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La decisió, promovida por Sebastian Pareja, fue comunicada por referentes bonaerenses del espacio libertario, quienes cuestionaron con dureza la resolución judicial y sostuvieron que la magistrada Marta Pascual se extralimitó en sus funciones al dejar en suspenso una ley sancionada por el Congreso de la Nación. Desde el oficialismo consideran que la medida representa una intromisión del Poder Judicial en atribuciones que corresponden al Poder Legislativo.
La controversia se desató luego de que la jueza dictara una cautelar que suspendió la entrada en vigencia de la normativa, aprobada recientemente por el Congreso, hasta tanto se analice el planteo de inconstitucionalidad presentado por distintos sectores. La resolución generó un fuerte rechazo en el oficialismo nacional y en dirigentes libertarios de la provincia de Buenos Aires, quienes defienden la reforma como una herramienta para combatir la delincuencia juvenil y dar una respuesta más efectiva a los delitos graves cometidos por menores.
En ese marco, los dirigentes de LLA adelantaron que presentarán una denuncia ante los organismos competentes para que se evalúe la conducta de la magistrada. Argumentan que la suspensión de una ley votada democráticamente afecta la división de poderes y genera incertidumbre respecto de la aplicación de una de las principales reformas en materia de seguridad impulsadas por el Gobierno.
Por su parte, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos respaldaron la intervención judicial y sostienen que la nueva legislación podría vulnerar garantías constitucionales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la niñez y la adolescencia. Según esta postura, corresponde que la Justicia revise la constitucionalidad de la norma antes de su implementación definitiva.
El pedido de juicio político anunciado por La Libertad Avanza buscará reunir los respaldos necesarios para avanzar en el ámbito institucional correspondiente.
