Nuevo reglamento de AySA: más protección para los usuarios ante la falta de pago
El nuevo reglamento establece mayores garantías para los usuarios residenciales y suma obligaciones para la empresa. También incorpora beneficios de Tarifa Social, plazos para responder reclamos y compensaciones ante cortes indebidos.
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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales de AySA, que introduce cambios en las condiciones para suspender el suministro y amplía los derechos de los usuarios.
Uno de los principales puntos de la normativa establece que la empresa deberá aplicar una restricción temporal del servicio durante un mínimo de 60 días corridos antes de avanzar con el corte de agua por falta de pago a usuarios residenciales. La medida busca brindarles tiempo para gestionar su incorporación al Programa de Tarifa Social o acordar un plan de regularización de deuda.
Además, el reglamento determina que AySA no podrá interrumpir el servicio de desagües cloacales a usuarios residenciales sin la intervención previa del ERAS. Tampoco podrá aplicar restricciones o cortes cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del organismo regulador.
La protección también alcanza a hospitales, sanatorios, cárceles y usuarios que cuenten con el beneficio de la Tarifa Social. En caso de que se compruebe que una restricción o interrupción fue indebida, la empresa deberá restablecer el servicio en un plazo máximo de 48 horas y compensar al usuario con el equivalente al 3% de la última factura por cada día de demora.
Entre las novedades, el reglamento incorpora expresamente el Programa de Tarifa Social, que contempla tres modalidades: Tarifa Social, Caso Social y Tarifa Comunitaria. Los beneficios incluyen descuentos en las facturas, planes de regularización de deudas sin intereses ni recargos y facilidades para afrontar los costos de conexión. La cobertura tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de renovación.
En cuanto a la atención al público, AySA deberá mantener su sede central y garantizar, como mínimo, una oficina fija de atención presencial y una unidad móvil de rotación diaria en cada región de su concesión: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se establecieron garantías para quienes presenten reclamos por errores de facturación. En esos casos, se deberá mantener la continuidad del servicio mientras se resuelve la situación, siempre que el usuario haya abonado la última factura consentida.
El nuevo reglamento fija, además, objetivos concretos para mejorar la calidad de las prestaciones. Entre ellos, establece un plazo de 24 horas para resolver desbordes cloacales en la vía pública durante tiempo seco y taponamientos de la red. Para las interrupciones no programadas del suministro de agua potable, AySA deberá resolver al menos el 95% de los casos dentro de las 48 horas.
Asimismo, cuando una interrupción supere las 18 horas continuas desde que la empresa tomó conocimiento del problema o recibió la denuncia, deberá garantizar el abastecimiento de emergencia, con prioridad para los usuarios sensibles.
La aprobación de la normativa llegó luego de un proceso de revisión que incluyó observaciones de la Sindicatura de Usuarios, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones de consumidores. Durante esa instancia, la Sindicatura había cuestionado 23 artículos del proyecto original presentado por AySA por considerar que algunas disposiciones podían significar un retroceso en los derechos de los usuarios.
