La Provincia de Buenos Aires regula el uso de tierras públicas en las islas
El Gobierno bonaerense avanzó en la regulación del uso de las tierras públicas ubicadas en el territorio insular de la provincia mediante la creación de un nuevo registro destinado a ordenar, identificar y supervisar las ocupaciones y permisos vigentes.
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La Provincia reglamentó el artículo 37 bis a través del Decreto-Ley 9.533/80, y estableció la figura del Permiso de Uso y Tenencia Precaria. A partir del cual busca fortalecer el control sobre las tierras fiscales localizadas en las islas del litoral fluvial y marítimo de la provincia, así como en la Isla Martín García, a través de un sistema que permitirá relevar información dominial, administrativa y catastral de los inmuebles bajo jurisdicción provincial.
Según se informó, el registro concentrará los datos vinculados a los permisos de uso, ocupaciones y antecedentes de las parcelas fiscales, con el objetivo de mejorar la administración del patrimonio público y brindar mayor transparencia en la gestión de esos espacios. También facilitará las tareas de fiscalización y control por parte de los organismos competentes.
La iniciativa se enmarca en una política de ordenamiento territorial que apunta a regularizar la situación de las tierras públicas insulares, promover un inventario actualizado de los inmuebles fiscales y garantizar un uso adecuado de los recursos provinciales. En ese sentido, la Provincia viene impulsando distintos mecanismos de registro y control sobre bienes de dominio público.
Además, las autoridades destacaron que la herramienta permitirá contar con información precisa para la planificación de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable de las islas, la protección ambiental y el aprovechamiento ordenado del territorio.
Con esta decisión, el Ejecutivo bonaerense busca consolidar un sistema de administración más eficiente sobre las tierras fiscales insulares, en una región que posee características geográficas y ambientales particulares y donde históricamente se han impulsado procesos de regularización y control de ocupaciones.
