La Justicia reabre la causa Insaurralde: ordenan 29 medidas de prueba y amplían la investigación patrimonial

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, recientemente designado en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, resolvió reactivar la investigación en la causa que involucra al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, su ex esposa Jésica Cirio y Sofía Clerici, al disponer un total de 29 medidas de prueba orientadas a ampliar el análisis patrimonial, financiero y comunicacional del expediente.

En su resolución, el magistrado dejó sin efecto el recorte temporal previamente establecido por su antecesor, el juez Luis Armella, y dio lugar a los pedidos formulados por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En ese marco, ordenó requerir a organismos de Uruguay información completa sobre dos cuentas bancarias atribuidas a Insaurralde -en GMC Securities y ABN Amro Bank- desde su apertura hasta su cierre.

Asimismo, se dispuso un análisis integral de comunicaciones y geolocalización a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que abarcará más de 100 líneas telefónicas vinculadas a los principales involucrados y su entorno entre 2009 y la actualidad. El objetivo es reconstruir movimientos, ubicaciones, llamadas, mensajes y registros de dispositivos para contrastar posibles inconsistencias en eventos clave de la investigación.

La medida también incluye oficios a múltiples organismos nacionales, entre ellos el Renaper, la Anses, la Superintendencia de Seguros, Coelsa, la Unidad de Información Financiera (UIF) y entidades bancarias, además de relevamientos en hipódromos y registros vinculados a posibles activos, sociedades y movimientos financieros. A ello se suman informes migratorios, cruces de facturación y verificación de donaciones y certificaciones notariales.

En el plano de las hipótesis investigativas, el expediente se estructura en torno a presuntos mecanismos de lavado de activos, entre ellos el uso de sociedades interpuestas, financiamiento de viajes y consumos en el exterior, transferencias informales de patrimonio, tenencia de bienes de lujo no declarados y posibles vínculos con el sector del juego.

En otras decisiones, el juez rechazó planteos de nulidad vinculados a pericias audiovisuales ya incorporadas a la causa, levantó restricciones de salida del país y de circulación que pesaban sobre Sofía Clerici, y desestimó la solicitud de incorporación de Elías Piccirillo por no ser considerado parte del proceso.