La causa por el predio del Faro de la Memoria suma un nuevo cuestionamiento

La controversia por el uso de las instalaciones del Faro de la Memoria sumó un nuevo capítulo judicial. En el marco del expediente que tramita ante el fuero Contencioso Administrativo de Mar del Plata, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires incorporó documentación con la que busca cuestionar la regularidad del procedimiento administrativo mediante el cual se otorgó a la Sociedad de Fomento de Faro Norte el permiso para utilizar el espacio.

La presentación, patrocinada por el abogado César Sivo, sostiene que la entidad fomentista tendría irregularidades en la documentación presentada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y que no existirían constancias de actualización desde el 31 de diciembre de 2017.

Según plantea la Asociación en el expediente, quienes habrían firmado la solicitud presentada ante el Municipio tampoco figuraban inscriptos como representantes de la Sociedad de Fomento ante Personas Jurídicas. Para los denunciantes, esta situación resulta relevante porque el certificado de vigencia y subsistencia de autoridades es el instrumento mediante el cual se acredita formalmente quiénes ejercen la representación de una entidad.

El planteo también apunta al cumplimiento de la Ordenanza 9010, que establece requisitos para las entidades de bien público del partido de General Pueyrredon. De acuerdo con la presentación judicial, la normativa exige que las organizaciones mantengan actualizada su documentación y sus autoridades en los registros correspondientes para poder realizar propuestas ante el Municipio.

En ese sentido, la Asociación sostiene que la propia información publicada por la Municipalidad mostraría que la Sociedad de Fomento de Faro Norte no habría informado modificaciones de autoridades durante los últimos años. A partir de esto, cuestiona que el Ejecutivo municipal haya considerado cumplidos los requisitos necesarios al momento de tramitar y otorgar el permiso.

El expediente es tramitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo a cargo del juez Simón Isacch. Desde la parte actora sostienen que el Municipio debía realizar un control previo de la documentación y verificar que la entidad estuviera en condiciones legales de solicitar el permiso.

La presentación judicial también retoma cuestionamientos realizados anteriormente sobre el destino que se pretendía darle al lugar. Según testimonios incorporados a la causa, integrantes de la Sociedad de Fomento habrían señalado que el proyecto no contemplaba inicialmente actividades sociales, culturales, deportivas o educativas, sino la instalación de un espacio gastronómico vinculado a Burbarrel SA, responsable de Gin Restinga.

Con estos nuevos elementos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado sostiene que el procedimiento administrativo presenta irregularidades que deberían ser analizadas por la Justicia y vuelve a reclamar la nulidad de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que habilitó el permiso cuestionado.

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El Marplatense