El Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Ejecutivo nacional oficializó el Decreto 875/2026, que reglamenta la Ley 27.801 y pone en marcha un nuevo esquema para adolescentes de entre 14 y 18 años involucrados en causas penales. 

Uno de los principales puntos de la reglamentación es la creación de un cuerpo de supervisores especializados, que tendrá a su cargo el acompañamiento y control de los jóvenes alcanzados por medidas o sanciones judiciales. Estos profesionales deberán mantener entrevistas semanales con cada adolescente y elaborar informes mensuales sobre su evolución educativa, formativa y social. Además, se conformará un registro específico de supervisores, que deberán cumplir determinados requisitos de experiencia y capacitación.

El nuevo régimen también incorpora herramientas destinadas a las personas afectadas por los delitos. Para ello, se prevé la intervención de equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos y trabajadores sociales, que tendrán funciones de asistencia y acompañamiento.
A su vez, la reglamentación establece mecanismos de coordinación con la Defensoría General de la Nación, con el objetivo de garantizar el acceso al patrocinio jurídico gratuito para quienes lo requieran.

Otro de los aspectos centrales del decreto es la creación de una sección especial y reservada dentro del Registro Nacional de Reincidencia destinada a los adolescentes alcanzados por el régimen. En ese apartado se incorporarán sentencias y resoluciones firmes vinculadas con los casos comprendidos por la Ley 27.801, bajo un esquema específico de reserva de la información.

Para avanzar en la implementación del nuevo sistema, el decreto dispone la creación de un Comité Interministerial, integrado por representantes de las áreas de Justicia, Seguridad, Capital Humano y Salud. Además, se conformará una Mesa Federal con participación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo será coordinar políticas y unificar criterios de aplicación del régimen en todo el país.

La Ley 27.801 alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplen 18, tomando como referencia la edad que tenían al momento en que ocurrió el hecho investigado.

El régimen establece distintas alternativas de sanción, que van desde amonestaciones y tareas comunitarias hasta el monitoreo electrónico y penas privativas de la libertad, según las características y gravedad de cada caso.
La normativa excluye  la prisión perpetua y establece un máximo de 15 años de condena.

Con la reglamentación, el Gobierno busca avanzar en la puesta en funcionamiento de un sistema penal juvenil que combine sanciones judiciales, seguimiento especializado y herramientas de reinserción, al tiempo que incorpora mecanismos específicos de asistencia para las víctimas.

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El Marplatense