El Gobierno endurece su postura contra petroleras en Malvinas
El Gobierno nacional avanzó con una denuncia formal contra cinco empresas vinculadas al proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas, al considerar que desarrollan actividades sobre recursos naturales ubicados en territorio argentino sin la autorización correspondiente.
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La presentación se enmarca en la estrategia oficial para reforzar el reclamo de soberanía sobre el archipiélago y frenar el avance de iniciativas hidrocarburíferas impulsadas bajo administración británica.
Según informó la Oficina del Presidente, la denuncia será impulsada por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción judicial alcanza a las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas por su participación en el desarrollo del proyecto Sea Lion, uno de los principales emprendimientos petroleros previstos en aguas próximas a las islas.
La iniciativa oficial se fundamenta en la Ley 26.659, que establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. Desde el Ejecutivo sostienen que las compañías involucradas incumplen la normativa vigente y avanzan sobre recursos cuya explotación es considerada ilegítima por la Argentina debido a la disputa de soberanía que mantiene con el Reino Unido.
La denuncia se suma al proceso sancionatorio anunciado días atrás contra 45 empresas, accionistas e inversores vinculados a actividades económicas en las Malvinas.
El presidente Javier Milei había anticipado además el envío de un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones para quienes desarrollen negocios relacionados con los recursos naturales del archipiélago sin el consentimiento argentino.
El conflicto se produce en medio del avance del proyecto Sea Lion, liderado por la israelí Navitas Petroleum junto a socios internacionales, que prevé la extracción de importantes reservas de petróleo en el Atlántico Sur.
Mientras el Gobierno argentino considera ilegales estas actividades, las empresas sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas para llevar adelante el proyecto.
