El Gobierno aplicó recortes y deducciones a la pensión de Cristina tras un fallo judicial

El Gobierno nacional confirmó la aplicación de una serie de deducciones y recortes sobre los haberes previsionales de la ex presidente Cristina Fernández, quien comenzará a percibir una pensión mensual bruta de $15.683.154,06 a partir de agosto, sujeta a distintos descuentos.

La medida se formalizó luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informara ante la Justicia que dará cumplimiento a una resolución cautelar que ordenó restituir uno de los beneficios previsionales que le habían sido suspendidos en noviembre de 2024.

El esquema dispuesto contempla la reactivación provisoria de una de las asignaciones previstas en la Ley Nº24.018, que regula las pensiones vitalicias para ex presidentes y otros altos funcionarios. Hasta su suspensión, la ex mandataria percibía en simultáneo su jubilación como jefa de Estado y la pensión derivada por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Con la restitución parcial del beneficio, Fernández volverá a quedar alcanzada por el régimen de retenciones vigentes, incluyendo aportes a la obra social y el impuesto a las ganancias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar dos recortes adicionales que impactarán de manera directa en el monto final.

Por un lado, se eliminó el suplemento por zona austral, bajo el argumento de que la beneficiaria cumple prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro, se dispuso un descuento mensual de $3.136.630,81 destinado a recuperar una suma total de $660.052.338,87 que el Estado considera percibida de forma indebida.

El conflicto judicial en torno a los haberes se mantiene abierto. Desde la ANSES aclararon que el cumplimiento de la medida cautelar no implica desistir del recurso presentado ante la Corte Suprema para dejar sin efecto el beneficio. En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano sostiene que la ex mandataria no reúne las condiciones para acceder a asignaciones de carácter excepcional, al considerar incompatible su percepción con la condena por administración fraudulenta.

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El Marplatense