La Casa Rosada prepara cambios en dos leyes clave para reducir el gasto público

El Gobierno nacional trabaja en una estrategia para introducir cambios en las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario a través del proyecto de Presupuesto 2027, que deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre, como establece la legislación vigente. 

La iniciativa forma parte del plan del Ejecutivo para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. En la Casa Rosada consideran que las dos normas generan un aumento permanente del gasto y buscan modificar distintos aspectos de su aplicación en lugar de impulsar un nuevo veto. Cualquier cambio, sin embargo, deberá ser aprobado por el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto. 

En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno pretende revisar el mecanismo de actualización de las partidas destinadas a las universidades nacionales y la recomposición salarial de docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma representa un costo estimado de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI). 

Respecto de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo analiza cambios en el esquema de financiamiento de las prestaciones y en la asignación de recursos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el impacto fiscal de esa ley podría alcanzar el 0,42% del PBI, aunque el Gobierno sostiene que el texto deja abiertos algunos aspectos vinculados al universo de beneficiarios, lo que podría incrementar aún más el gasto. 

Desde el Ejecutivo insisten en que cualquier incremento permanente del gasto debe contar con una fuente de financiamiento para no poner en riesgo el objetivo de déficit cero, uno de los principales ejes de la política económica del presidente Javier Milei. Por ese motivo, la intención es que las modificaciones formen parte del debate del Presupuesto 2027 y queden integradas al esquema general de las cuentas públicas. 

El proyecto presupuestario deberá ser debatido por la Cámara de Diputados y el Senado, donde el oficialismo necesitará reunir consensos para avanzar con los cambios. Hasta que eso ocurra, tanto la Ley de Emergencia en Discapacidad como la de Financiamiento Universitario continúan vigentes en los términos en que fueron sancionadas. 

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El Marplatense