Denunciaron a la jueza que frenó la ley de imputabilidad

La presentación apunta contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad, luego de que hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo que frenó la implementación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, había dispuesto la suspensión de la normativa que reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad. La decisión fue adoptada apenas dos días después de la entrada en vigencia de la ley a nivel nacional.

El fallo de la magistrada puso el foco en las condiciones del sistema bonaerense para recibir a los adolescentes que eventualmente queden alcanzados por el nuevo régimen. En particular, cuestionó si la Provincia cuenta con la infraestructura edilicia, los recursos y el personal especializado necesarios para afrontar un posible aumento de jóvenes privados de su libertad.

La presentación que originó la medida había sido realizada por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de libertad. Pascual sostuvo que la aplicación inmediata de la norma podía generar una afectación grave de derechos fundamentales si el sistema no estaba preparado para absorber la nueva demanda.

Además de suspender la aplicación de la ley por 60 días, la jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a la que deberán asistir representantes del Ministerio de Seguridad, del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Allí deberán informar qué medidas fueron adoptadas y cuáles están previstas para implementar el nuevo régimen.

La jueza defendió públicamente su decisión y aclaró que su planteo no busca discutir la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones concretas para aplicar la nueva normativa. Según explicó, sin infraestructura y recursos suficientes, el incremento de adolescentes privados de libertad podría generar condiciones de hacinamiento y terminar agravando los problemas de seguridad.

Ahora, la denuncia presentada por Usina de Justicia abre un nuevo capítulo en la disputa alrededor de la implementación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, mientras avanza el plazo de 60 días establecido por la Justicia.

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El Marplatense