Crece el consenso en la Casa Rosada para impulsar la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete

La continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó seriamente comprometida en las últimas horas, en medio de un creciente consenso dentro de la Casa Rosada que considera su permanencia como un factor de desgaste institucional, con impacto en la relación con el Congreso y aliados políticos.

Fuentes gubernamentales y asesores de La Libertad Avanza coinciden en que su sostenimiento genera dificultades en la articulación legislativa y erosiona los vínculos con sectores clave. El escenario se agravó por el avance de la causa que instruye el fiscal general Gerardo Pollicita, quien podría convocarlo a declaración indagatoria en el corto plazo.

Este posible escenario judicial es evaluado como un costo político elevado por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y por el entorno del asesor Santiago Caputo, quienes monitorean de cerca la evolución del caso.

En este contexto, el oficialismo prevé un fin de semana de intensas deliberaciones, en coincidencia con el regreso al país del presidente Javier Milei tras su gira por España. Si bien desde el entorno presidencial se sostiene que el límite institucional será un eventual procesamiento judicial, distintos sectores del Gobierno ya impulsan alternativas para una eventual sucesión.

El nombre que concentra mayor nivel de consenso es el del ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuenta con el respaldo de Karina Milei y de las autoridades legislativas, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Su perfil se destaca por la capacidad de articulación con gobernadores en el marco de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

La debilidad política de Adorni también quedó expuesta en el progresivo recorte de sus atribuciones, que incluyó la designación de Adrián Ravier como vocero presidencial, ante la imposibilidad del jefe de Gabinete de sostener la comunicación pública.

A este cuadro se sumaron recientes revelaciones periodísticas sobre la adquisición de bienes tecnológicos de uso personal por montos millonarios, presuntamente financiados mediante instrumentos pertenecientes a personal bajo su órbita. En paralelo, la Justicia analiza dispositivos electrónicos en el marco de la causa, con el objetivo de determinar posibles irregularidades en la coordinación de testimonios ante tribunales federales.

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El Marplatense