Arquitectos y técnicos piden frenar la ordenanza que habilita construcciones con contenedores

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires – Distrito IX (CAUBA DIX) y el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito V solicitaron al intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, que no promulgue la Ordenanza O-21181, aprobada por el Concejo Deliberante el pasado 27 de agosto, que establece un marco para la utilización de contenedores marítimos reutilizados en construcciones.

A través de una presentación conjunta realizada este lunes, los presidentes de ambas instituciones, el arquitecto Diego Domingorena y el MMO Diego Haag, pidieron que el Departamento Ejecutivo haga uso de la facultad de veto y devuelva la iniciativa al Concejo Deliberante para que sea revisada.

Los representantes de los profesionales cuestionaron especialmente que los colegios no hayan sido convocados durante el tratamiento de la norma, pese a que su aplicación modifica aspectos del Reglamento General de Construcciones, interviene sobre disposiciones del Código de Ordenamiento Territorial y establece nuevas obligaciones para los profesionales que intervengan en este tipo de proyectos.

Las principales objeciones

Luego del análisis realizado sobre la ordenanza, los colegios identificaron distintos puntos que consideran necesario revisar antes de su entrada en vigencia.

Uno de ellos está relacionado con las dimensiones mínimas de los espacios habitables. Según plantearon, la norma contempla una excepción a los anchos establecidos por el Reglamento General de Construcciones tomando como referencia las medidas nominales de los contenedores, sin contemplar la reducción que generan las aislaciones y terminaciones exigidas por la propia normativa.

También cuestionaron que no exista un sistema que permita conocer con precisión de dónde proviene cada contenedor, su antigüedad, qué tipo de cargas transportó previamente y cuál es su estado de conservación antes de incorporarlo a una edificación destinada a ser habitada.

Otro de los aspectos señalados está vinculado con las responsabilidades de los profesionales. Para los colegios, la ordenanza no define con suficiente precisión las incumbencias, la matriculación ni el alcance de la responsabilidad de arquitectos, ingenieros y técnicos, especialmente frente a características del contenedor que no dependen del profesional, como su fabricación o su historial de utilización.

A esto se suma, según advirtieron, la falta de parámetros técnicos concretos para evaluar cuestiones como la resistencia estructural, la corrosión y las condiciones de aislación térmica y acústica, aspectos que consideran especialmente relevantes teniendo en cuenta las características climáticas de General Pueyrredon.

La presentación también cuestiona que la ordenanza delegue en el Departamento Ejecutivo cuestiones vinculadas con la regularización de construcciones existentes, sin establecer previamente criterios específicos que determinen cómo deberá llevarse adelante ese proceso.

No se oponen al uso de contenedores

Los colegios aclararon que su planteo no significa rechazar la utilización de contenedores marítimos ni las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

Según explicaron, el objetivo es que este tipo de sistemas pueda desarrollarse dentro de un marco que contemple las condiciones técnicas y jurídicas necesarias y que garantice los estándares de seguridad, habitabilidad y salubridad.

Como alternativa, propusieron al Ejecutivo vetar parcialmente los artículos 2°, 3° y 8° de la ordenanza y avanzar en una revisión más amplia de la normativa.

Además, plantearon la creación de una mesa de trabajo interdisciplinaria que incluya a colegios y consejos profesionales, cámaras empresarias, entidades gremiales, universidades y organismos técnicos municipales.

La intención es elaborar una regulación que contemple no solamente los contenedores marítimos, sino también los distintos sistemas constructivos industrializados, modulares y no tradicionales que puedan incorporarse al desarrollo urbano.

Desde ambas instituciones manifestaron su disposición a aportar el conocimiento técnico de sus profesionales para avanzar en una normativa que permita incorporar nuevas alternativas constructivas, pero sin resignar los requisitos vinculados con la seguridad y las condiciones de habitabilidad.

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El Marplatense