Alerta por sobrepoblación en los centros penales juveniles bonaerenses
En la provincia de Buenos Aires hay 679 jóvenes alojados en dispositivos con capacidad para 648 personas. La situación tomó relevancia tras la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil.
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El sistema penal juvenil de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación de sobreocupación: actualmente hay 679 adolescentes y jóvenes alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad, mientras que la capacidad disponible es de 648 plazas.
Del total, 61 tienen menos de 16 años y se encuentran bajo medidas de seguridad. Los datos corresponden a la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense y se conocieron en medio de la discusión por la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La normativa, que contempla la responsabilidad penal desde los 14 años, comenzó a regir el 5 de septiembre. Sin embargo, dos días después la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, dispuso suspender durante 60 días su aplicación en territorio bonaerense.
La decisión respondió a un habeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Uno de los principales cuestionamientos apunta a las condiciones de infraestructura y a la capacidad del sistema para afrontar el eventual ingreso de más adolescentes.
A este panorama se suman los relevamientos realizados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Durante 2025, el organismo contabilizó 585 jóvenes detenidos en centros cerrados, de los cuales 41 tenían 15 años o menos. También registró 1.329 hechos de tortura y otras vulneraciones de derechos que involucraron a 237 víctimas.
Por su parte, el Gobierno bonaerense informó que se encuentra en marcha un plan de obras para mejorar los dispositivos juveniles, con intervenciones previstas hasta marzo de 2027.
En el marco de la suspensión, la Justicia convocó para el 16 de septiembre a funcionarios provinciales, quienes deberán explicar las medidas adoptadas y los plazos previstos para adecuar el sistema a las exigencias del nuevo régimen.
