Usuarios de Costa Azul exigen que se ocupe el ministerio de Transporte
Ante el fuerte aumento del pasaje y el “deficiente” servicio que brinda la línea Costa Azul, que une distritos costeros desde General Alvarado hasta Mar Chiquita, usuarios autoconvocados se han organizado en asambleas para exigir respuestas: “Entendemos que es un problema que depende de una intervención de la Provincia”, dijo Pablo, uno de los usuarios organizados en General Alvarado.
En diciembre el pasaje de Miramar-Mar del Plata pasó de costar $800 a $2500 y recientemente hubo una corrección, con la cual se bajó a $2000, aunque las localidades intermedias quedaron sin modificaciones: “Lo usa mucha gente que va a trabajar, es una porción excesiva de su salario, no lo pueden cubrir”, dijo a El Marplatense Pablo.
Además del costo, para los usuarios otro de los problemas es que se trata del único medio de transporte que une estas ciudades. “A partir de esto, en todas las localidades, en distintos pueblitos, se fueron generando asambleas de usuarios: en Chapadmalal, en Miramar, en El marquesado… Tenemos registros de que en todos lados están en procesos de organización, con juntadas de firmas”, contó Pablo.
A partir de esto, es que se viene dando un largo proceso de organización y se empezó a dar una relación entre las asambleas de usuarios, algunas con reclamos comunes y otros que son propios de cada municipio. Según detalló Pablo “hay presentados amparos, escritos, toda una serie de recursos legales llevados a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Transporte de provincia”.
Como indicó el usuario, además de este último aumento lo que está en cuestionamiento son “las frecuencias, la calidad del servicio. Sucede muy a menudo que los colectivos no paran en las garitas porque están sobrecargados de pasajeros. Son muchísimos factores que hace terribles las condiciones de transporte para un trabajador”. Incluso, piden que se habilite el uso de la SUBE porque hay beneficios que los usuarios no pueden aplicar.
Provincia
El integrante de una de las asambleas de usuarios indicó que como se trata de una concesión provincial, esperan que la Provincia interceda. De hecho, reclamaron ante los municipios para que presionen a la Provincia con el fin de brindar una respuesta. “Los reclamos formales están siguiendo el curso correspondiente, pero por ahora necesitamos una respuesta de tipo política. Entendemos que es un problema que depende de una intervención de la Provincia, por lo tanto, es político: hay un pliego que la empresa debe cumplir”.
Una de las respuestas que recibieron es que hay pasos administrativos para hacer reclamos y que el sistema de quejas para hacer denuncias es individual. Por lo tanto, “la juntada de firmas no tiene validez legal para que intervenga la Provincia ante la empresa”, explicó Pablo.
“Lo que consideramos es avanzar en una organización de los usuarios, para hacer un reclamo común, medidas simultáneas -consideró el usuario y resaltó-. La situación hoy en día es que los reclamos están siguiendo un canal legal, formal, pero ya estarían llegando a la Secretaría de Transporte. No tengo claro cómo está contemplado el mecanismo de aumentos, pero ahí corresponde a la Provincia encontrarle una solución. Es una situación de crisis para todos los pueblos intermedios”.