Treinta y seis distritos tienen más tierras extranjeras de las permitidas

Un nuevo mapa sobre la propiedad del territorio argentino volvió a poner en el centro del debate la presencia de capitales foráneos en zonas consideradas estratégicas. El estudio indica que alrededor del 5% de la superficie nacional se encuentra actualmente en manos de personas, empresas o grupos provenientes de otros países.

En total, se trata de aproximadamente 13 millones de hectáreas, una extensión similar a la superficie de Inglaterra.

El relevamiento fue elaborado por el Observatorio de Tierras, un espacio integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para construir el mapa se utilizaron datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública. La herramienta permite observar cómo se distribuye la propiedad extranjera tanto a escala provincial como departamental.

Según los datos utilizados, actualizados hasta el 6 de agosto de 2025, los ciudadanos y capitales estadounidenses encabezan el listado, con más de 2,7 millones de hectáreas.

Luego aparecen los propietarios de origen italiano, con cerca de 2 millones, y los españoles, con aproximadamente 1,7 millones. Entre las tres nacionalidades concentran alrededor de la mitad de toda la superficie rural extranjerizada del país.

Aunque ninguna provincia supera en su totalidad el máximo establecido por la legislación vigente, el panorama cambia cuando el análisis se realiza por departamentos. El estudio determinó que 36 jurisdicciones ya se encuentran por encima del límite del 15%.

Los porcentajes más elevados se registran en San Carlos, Salta, donde el 59,82% de la superficie está en manos foráneas; Molinos, también en Salta, con el 57,79%; General Lamadrid, La Rioja, con el 56,70%; y Lácar, Neuquén, con el 54,17%.

Los investigadores remarcaron que las propiedades no se distribuyen de manera uniforme, sino que se concentran especialmente en regiones fronterizas, territorios atravesados por cursos de agua, áreas con potencial minero y puntos con ventajas logísticas para el transporte y el comercio exterior.

En la provincia de Buenos Aires, uno de los casos más destacados es Campana, donde el 50,27% de la superficie relevada pertenece a capitales extranjeros. En Zárate, la proporción alcanza el 24,8%.

Ambas ciudades integran uno de los principales corredores industriales y portuarios de la Argentina, cuentan con acceso directo al río Paraná y están conectadas con la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía fundamental para el traslado de mercaderías.

También aparecen bajo observación Iguazú, en Misiones, e Ituzaingó y Berón de Astrada, en Corrientes. Estas localidades se ubican sobre la principal vía fluvial navegable del país y poseen recursos hídricos e infraestructura considerados estratégicos.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de la superficie rural del país, una provincia o un municipio o departamento.

Además, determina que los propietarios de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% de ese cupo y limita a 1.000 hectáreas la propiedad de un único titular foráneo en la denominada zona núcleo.

La normativa también prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de gran importancia, así como propiedades situadas en zonas de seguridad de frontera, salvo las excepciones previstas legalmente.

El estudio se conoció en medio de la discusión por una posible modificación de esas restricciones. Una de las propuestas analizadas plantea elevar del 15% al 25% el máximo de superficie rural que podría quedar bajo titularidad extranjera.

El Gobierno nacional ya había intentado derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. Sin embargo, esa decisión quedó suspendida provisoriamente tras una presentación judicial realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata.

Desde el Observatorio de Tierras advirtieron que eliminar o flexibilizar las protecciones podría favorecer una mayor concentración en territorios relacionados con el abastecimiento de agua, los minerales críticos, los bosques, los pasos fronterizos y la infraestructura portuaria.

En ese sentido, remarcaron que la discusión no se limita a determinar quién figura como propietario, sino que también involucra el control, el uso y el acceso futuro a recursos naturales esenciales para el desarrollo y la soberanía del país.

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El Marplatense