Tras el revés de la Corte por el Financiamiento Universitario, el Gobierno evalúa reasignar partidas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir de manera estricta la Ley de Financiamiento Universitario, en un fallo que impacta directamente sobre la estrategia fiscal del Gobierno de Javier Milei y reconfigura el escenario político e institucional.

La normativa, que había sido vetada por el Ejecutivo debido a un impacto fiscal estimado en 1,3 billones de pesos, fue posteriormente ratificada por el Congreso y ahora cuenta con respaldo judicial. En consecuencia, el oficialismo se ve forzado a abandonar su postura de resistencia frente a la implementación de la ley.

En este contexto, el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, analiza mecanismos técnicos para garantizar los flujos financieros previstos. Desde la Casa Rosada indicaron que la Secretaría de Hacienda evalúa una reasignación de partidas específicas, con el objetivo de sostener el superávit fiscal como eje central de la política económica.

El fallo también generó cuestionamientos internos hacia la estrategia judicial impulsada por el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, cuyas proyecciones de dilación procesal no lograron frenar la aplicación de la norma.

La ley había contado previamente con consenso técnico dentro del sistema universitario, tras las gestiones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y acuerdos salariales alcanzados con la Federación de Docentes de las Universidades.

Tras conocerse la resolución, referentes académicos destacaron el fallo como un paso institucional relevante. En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, consideró que la decisión contribuye a normalizar el financiamiento del sistema y encauzar el conflicto presupuestario que afecta a las universidades públicas.

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El Marplatense