Seguridad sin costo local: impulsan que la Provincia pague todos los gastos de los patrulleros
Una iniciativa presentada en la Legislatura establece que la Provincia deberá financiar integralmente el mantenimiento y funcionamiento de los vehículos policiales, evitando trasladar costos a los municipios.
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Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense propone que la Provincia de Buenos Aires asuma de manera integral el financiamiento del funcionamiento de los vehículos de la Policía Bonaerense, incluyendo mantenimiento, reparaciones, combustible, seguros y repuestos. La iniciativa apunta a corregir lo que considera una distorsión en la distribución de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.
El eje central del proyecto establece que la seguridad pública, al ser una competencia exclusiva de la Provincia, debe ser sostenida con recursos provinciales. En ese sentido, la normativa busca impedir que los municipios deban destinar fondos propios para cubrir gastos operativos de una fuerza que depende del gobierno bonaerense.
Además, se contempla que los vehículos adquiridos mediante programas como el Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad también queden bajo financiamiento provincial en cuanto a su funcionamiento. Incluso, en los casos en que los recursos transferidos resulten insuficientes, la Provincia deberá cubrir la totalidad de los costos sin trasladar la carga a las administraciones locales.
El proyecto también prohíbe que los municipios sean obligados a asumir estos gastos como condición para acceder a programas de seguridad y establece que los convenios vigentes deberán adecuarse a este criterio, evitando cláusulas que impliquen una transferencia de responsabilidades financieras.
En los fundamentos, se remarca que la situación actual afecta la autonomía municipal, ya que obliga a los gobiernos locales a destinar recursos a funciones que no les son propias, limitando su capacidad para sostener otros servicios esenciales. Asimismo, se invoca el principio de correspondencia fiscal, que establece que cada nivel del Estado debe contar con los recursos necesarios para ejercer sus competencias.
La iniciativa fue presentada por el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Mario Alberto Ishii, y deberá avanzar en el tratamiento legislativo para su eventual aprobación.
