Quién es "la Adorni de Graneros", la intendenta tucumana investigada por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, generó una fuerte interna política en Tucumán. En ese contexto, el ministro del Interior provincial, Darío Monteros, tomó distancia del caso con un discurso centrado en la austeridad, en medio de las sospechas que rodean a la jefa comunal.

Graneros, apodada en algunos ámbitos políticos como "la Adorni de Graneros", quedó bajo la lupa por una causa que investiga el origen de parte de su patrimonio. Sin mencionarla de manera directa, Monteros cuestionó públicamente a los funcionarios que exhiben un elevado nivel de vida y aseguró que quienes se mudan a barrios privados "se olvidan de la gente".

Durante una entrevista en televisión, el funcionario destacó que continúa viviendo en el barrio El Alto Nuestra Señora del Valle, en La Banda del Río Salí, y buscó diferenciarse de dirigentes que, según planteó, se alejan de la realidad cotidiana de los vecinos.

La causa es impulsada por el fiscal Diego Sebastián Hevia, del Centro Judicial Concepción, a partir de una denuncia presentada por Manuel Courel y Luis María Díaz Augier. La investigación intenta determinar el vínculo de la intendenta con una vivienda valuada en alrededor de 1,2 millones de dólares, ubicada en el exclusivo country Las Yungas.

Para distintos analistas políticos, las declaraciones de Monteros buscaron enviar una señal de respaldo al gobernador Osvaldo Jaldo y mostrar que el Ejecutivo provincial no protegerá a funcionarios alcanzados por denuncias de presunta corrupción.

Sin embargo, el discurso del ministro también despertó cuestionamientos. Desde distintos sectores recordaron que su hijo, Gonzalo Monteros, ocupa la intendencia de La Banda del Río Salí, por lo que señalaron una contradicción entre el mensaje de austeridad y la continuidad de estructuras de poder familiar dentro del oficialismo.

Mientras la investigación judicial avanza, el caso Graneros se convirtió en un nuevo foco de tensión para el Gobierno tucumano, que busca contener el impacto político de una causa que pone bajo sospecha el patrimonio de una de sus dirigentes en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a los casos de corrupción.

Fuente: NA

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El Marplatense