Qué cambia con el nuevo Fondo de Asistencia Laboral y cómo impactará en los despidos

La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), prevista en la Ley de Modernización Laboral, abrió un nuevo capítulo en el debate sobre las relaciones laborales en Argentina. El sistema, que comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026, busca ofrecer un mecanismo alternativo para afrontar los costos derivados de la finalización de una relación laboral.

La principal novedad es que la adhesión será obligatoria para los empleadores.

El nuevo esquema fue reglamentado mediante el Decreto 408/26 y se suma a los fondos de cese laboral incorporados previamente por la Ley Bases. Según sus impulsores, el objetivo central es reducir la incertidumbre económica que enfrentan las empresas al momento de contratar personal.

Durante años, uno de los principales cuestionamientos del sector privado estuvo vinculado a la dificultad para prever cuánto podría costar una eventual desvinculación, especialmente en un contexto económico caracterizado por la volatilidad y la inflación.

El FAL no elimina las indemnizaciones ni los derechos laborales vigentes.

Especialistas remarcan que el nuevo instrumento no supone la desaparición de las compensaciones por despido ni impide la realización de reclamos judiciales. Su función es constituir una herramienta que permita afrontar determinadas contingencias laborales mediante aportes realizados de manera anticipada.

La intención es que empleadores y sindicatos puedan acordar mecanismos para cubrir esos costos con mayor previsibilidad, evitando que una desvinculación genere impactos financieros difíciles de absorber.

El sistema también busca brindar garantías a los trabajadores.

Uno de los argumentos a favor del fondo es que podría asegurar el cobro de créditos laborales incluso en situaciones donde las empresas atraviesen dificultades económicas o financieras.

De acuerdo con los especialistas, en numerosas oportunidades los trabajadores obtienen sentencias favorables, pero encuentran obstáculos para percibir las sumas reconocidas judicialmente debido a problemas patrimoniales de las compañías involucradas.

Persisten dudas sobre la administración y el control de los fondos.

Entre los principales interrogantes aparece la necesidad de definir quiénes gestionarán los recursos acumulados y bajo qué mecanismos de supervisión.

La reglamentación contempla distintas estructuras jurídicas, entre ellas fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión administrados por entidades especializadas del mercado de capitales. En ese marco, la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá un rol relevante en la regulación del sistema.

Los analistas coinciden en que el éxito del nuevo esquema dependerá de la confianza que logre generar entre trabajadores, empleadores, sindicatos, jueces y organismos de control.

Su impacto sobre el empleo privado será gradual.

Aunque el Gobierno apuesta a que la mayor previsibilidad incentive nuevas contrataciones, los especialistas consideran que los resultados concretos tardarán varios años en observarse y dependerán tanto de la implementación práctica como de las futuras interpretaciones judiciales.

Por eso, más allá de la reglamentación, la discusión sobre el alcance y la eficacia del Fondo de Asistencia Laboral recién comienza.

Fuente: Infobae

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El Marplatense