Presentan una demanda para frenar la licitación de nuevos barcos poteros y cuestionan al Consejo Federal Pesquero
La Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOAPORT) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal de Mar del Plata contra la Resolución 6/2026 del Consejo Federal Pesquero, que impulsa la incorporación de 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar.
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La demanda fue promovida por el abogado Néstor Fernando Herrera y apunta específicamente contra el inciso E del Anexo V de la normativa, al considerar que establece un sistema de puntuación que perjudica a los proyectos vinculados a la provincia de Buenos Aires y, en particular, a Mar del Plata.
Según sostienen los demandantes, el mecanismo de evaluación otorga puntajes diferenciados de acuerdo con la provincia donde se realicen los desembarques de las capturas. En ese esquema, Tierra del Fuego recibe 30 puntos, Santa Cruz 25, Chubut 20, Río Negro 15 y Buenos Aires apenas 10, una diferencia que consideran arbitraria y discriminatoria.
En la presentación judicial se argumenta que esta metodología altera las condiciones de competencia entre las distintas jurisdicciones pesqueras, encarece el acceso a los permisos para las empresas radicadas en Mar del Plata y vulnera los principios de igualdad, razonabilidad y federalismo contemplados en la Constitución Nacional.
Los actores sostienen además que la ciudad concentra históricamente uno de los principales complejos pesqueros, industriales y exportadores del país, por lo que cualquier modificación en las condiciones de acceso a nuevas licencias podría tener consecuencias sobre el empleo, la actividad portuaria y la cadena productiva local.
La acción también solicita una medida cautelar innovativa para suspender de manera inmediata el proceso licitatorio hasta que exista una resolución definitiva sobre el planteo de inconstitucionalidad. Los demandantes afirman que, de continuar adelante el procedimiento, se produciría un perjuicio económico y laboral de difícil reparación para empresas y trabajadores del sector.
Asimismo, pidieron que el Municipio de General Pueyrredon sea incorporado al expediente como tercero interesado, al considerar que la decisión judicial podría impactar sobre intereses económicos y laborales vinculados a la actividad pesquera local.
La presentación quedó radicada ante la Justicia Federal de Mar del Plata, donde se buscará determinar la validez constitucional de uno de los puntos más controvertidos de la licitación impulsada por el Consejo Federal Pesquero para ampliar la flota potera argentina.
