Prefectura intimó a más de 500 trabajadores portuarios a levantar el paro: siguen 140 buques detenidos
El conflicto, originado por la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje, mantiene paralizada parte de la actividad en los principales puertos del país.
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La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó este martes a más de 500 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje a retomar de inmediato sus tareas en todos los puertos del país, en medio del conflicto que mantiene detenidos unos 140 buques y afecta la operatoria del comercio exterior.
La decisión fue formalizada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que la fuerza notificó a los profesionales habilitados a ponerse "de manera inmediata" a disposición para prestar sus servicios conforme al nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, aprobado por el Decreto 690/2026.
El paro comenzó el pasado sábado 1° de agosto, cuando los prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron no aceptar nuevas asignaciones de trabajo en rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.
El conflicto golpea especialmente a los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el principal complejo agroexportador del país, donde numerosos buques permanecen fondeados a la espera de ingresar a operar. En cambio, las embarcaciones que transportan petróleo y gas continúan funcionando con normalidad para garantizar el abastecimiento interno de combustibles.
La disputa se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, que reemplazó el reglamento vigente desde 1991 e introdujo una serie de cambios en la actividad. Entre ellos, eliminó los cupos para la inscripción de prácticos, habilitó la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, estableció topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permitió que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico tras cumplir con una cantidad mínima de viajes en una misma zona.
Los trabajadores sostienen que las modificaciones afectan las condiciones de seguridad y el funcionamiento del sistema, mientras que el Gobierno defiende la desregulación como una medida para mejorar la competitividad y reducir costos en la actividad portuaria.
Fuente: TN
