Piden informes por una licitación millonaria del Ministerio de Comunicación Pública bonaerense
El presupuesto oficial asciende a $2.278.171.592,43 y prevé una duración inicial de seis meses. Contempla la posibilidad de prórroga por un período idéntico y una ampliación de hasta el 20% del contrato.
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Un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de solicitud de informes ante la Cámara de Diputados para requerir al Poder Ejecutivo detalles sobre una licitación impulsada por el Ministerio de Comunicación Pública, vinculada a un servicio integral de producción y distribución satelital de contenidos audiovisuales.
El proceso, identificado como Compra N°401-0405-LPU26, contempla la cobertura de actividades gubernamentales sin una delimitación específica de eventos o criterios editoriales. El presupuesto oficial asciende a $2.278.171.592,43 y prevé una duración inicial de seis meses, con inicio estipulado para el 1 de octubre próximo. Asimismo, el pliego contempla la posibilidad de prórroga por un período idéntico y una ampliación de hasta el 20% del contrato.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores expresan preocupación por la falta de precisión en el objeto de la contratación y por la magnitud del despliegue técnico previsto. El esquema incluye 60 unidades móviles de producción, 60 cámaras de seguimiento, 20 servicios de control central, sistemas de filmación con drones, tecnología jimmy jib, equipos ENG, transmisión 4G y un estudio propio de producción en vivo.
También advierten sobre el riesgo de uso partidario de los recursos públicos ante la ausencia de mecanismos explícitos de control externo, así como posibles limitaciones a la competencia derivadas de exigencias técnicas específicas, como la necesidad de contar con capacidad satelital en banda Ku las 24 horas y una antigüedad mínima de dos años en el servicio.
En ese contexto, el proyecto solicita al Ejecutivo información detallada sobre el expediente administrativo, el pliego de bases y condiciones, el listado de medios que recibirán la señal, la cantidad de oferentes, eventuales sanciones previas y los mecanismos de auditoría implementados para garantizar la transparencia del proceso.
Además, se requiere precisar el impacto presupuestario de la contratación en caso de ejecutarse las prórrogas y ampliaciones previstas, particularmente en relación con el ejercicio fiscal 2027.
