Oposición, gremios y ambientalistas convocan a una marcha contra la reforma de la Ley de Tierras
La movilización se realizará el próximo 6 de agosto frente al Congreso, en rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y referentes de distintos espacios políticos anticiparon su participación.
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Diversos sectores de la oposición, organizaciones sindicales, movimientos ambientalistas y entidades sociales comenzaron a organizar una movilización nacional para rechazar el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional. La convocatoria está prevista para el 6 de agosto, coincidiendo con la sesión del Senado en la que el oficialismo buscará aprobar la iniciativa.
La protesta se desarrollará frente al Congreso y reunirá a dirigentes políticos, gremios, organizaciones ambientalistas, referentes eclesiásticos y movimientos sociales que cuestionan la eliminación de los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El proyecto forma parte del paquete legislativo denominado "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". Entre sus principales modificaciones propone eliminar las restricciones establecidas por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija topes a la titularidad extranjera sobre tierras rurales y establece limitaciones en zonas consideradas estratégicas para el país.
Los sectores que impulsan la movilización sostienen que la iniciativa podría favorecer la extranjerización de territorios con recursos naturales estratégicos, como reservas de agua, bosques nativos, áreas de frontera y regiones con potencial minero. Además, advierten sobre el posible impacto en la soberanía territorial y reclaman que cualquier modificación sea debatida con mayor amplitud.
En contraposición, desde el oficialismo y sectores que respaldan el proyecto aseguran que la reforma busca incentivar inversiones privadas, eliminar restricciones consideradas obsoletas y fortalecer el derecho a la propiedad, con el objetivo de promover el desarrollo económico y la llegada de nuevos capitales.
Mientras continúa el debate político, la convocatoria para el 6 de agosto suma adhesiones de distintos sectores y anticipa una jornada de fuerte tensión alrededor del Congreso, en paralelo al tratamiento parlamentario de una de las iniciativas más controvertidas del segundo semestre.
