Meta pagará hasta US$16.680 millones para evitar un juicio por el impacto de sus redes en menores

Meta acordó pagar hasta US$16.680 millones para poner fin a una serie de demandas presentadas por autoridades de 29 estados de Estados Unidos por el impacto de Facebook e Instagram en niños y adolescentes. El acuerdo permite a la compañía evitar un juicio federal que se desarrollaba en California, aunque todavía debe ser aprobado por un juez. 

Las acusaciones sostenían que Meta había diseñado sus plataformas para incrementar el tiempo de permanencia de los menores y favorecer patrones de uso considerados perjudiciales. Los estados también cuestionaron a la empresa por la información que brindaba sobre la seguridad de sus servicios y por la recopilación de datos personales de menores. 

Como parte del acuerdo, Meta deberá implementar cambios en Facebook e Instagram destinados a reforzar la protección de los adolescentes. Entre las medidas previstas figuran límites diarios de uso, restricciones durante la noche, mayores controles de edad y nuevas herramientas para padres y responsables. También se contemplan modificaciones en las recomendaciones de contenido y las notificaciones. 

La compañía, que niega haber cometido irregularidades, busca de esta manera cerrar uno de los litigios más importantes que enfrentó en Estados Unidos. El proceso había generado una fuerte presión sobre Meta debido a las posibles sanciones económicas y a la posibilidad de que la Justicia ordenara modificaciones profundas en el funcionamiento de sus plataformas. 

El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó el alcance del acuerdo y sostuvo que las nuevas medidas apuntan a reducir los riesgos para los menores y aumentar la transparencia de las plataformas. El pacto se conoce en un momento en que otras grandes compañías tecnológicas, como TikTok y YouTube, también enfrentan demandas relacionadas con el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. 

El acuerdo no pone fin a todos los reclamos contra Meta. La compañía todavía enfrenta otros procesos judiciales iniciados por familias, escuelas, estados y usuarios que cuestionan los efectos de sus plataformas sobre la salud y el bienestar de los menores. 

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El Marplatense