La reforma de la Ley del Libro reaviva el debate y genera preocupación en las librerías independientes

El proyecto del Gobierno nacional para reformar la Ley del Libro volvió a instalar un fuerte debate en el sector editorial. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar el sistema de precio único, vigente desde 2001, para que cada librería pueda fijar libremente el valor de los ejemplares y aplicar descuentos sin las limitaciones actuales.

Desde el oficialismo aseguran que la medida favorecerá la competencia entre comercios, permitirá liquidar stock con mayor flexibilidad y podría traducirse en una baja del precio de los libros para los consumidores.

Sin embargo, libreros, editoriales y cámaras del sector sostienen que el efecto sería el contrario. Advierten que la desregulación fortalecería a las grandes cadenas comerciales y a las plataformas de venta online, mientras que las librerías independientes perderían capacidad para competir.

Norberto González, propietario de la librería El Hacedor, recordó que la ley fue sancionada para evitar prácticas comerciales que ya habían perjudicado al sector durante la década de 1990.

"Los supermercados vendían los libros más populares por debajo del costo para atraer clientes. Las librerías chicas no podían competir y por eso se impulsó una regulación", explicó.

La normativa vigente establece que el editor o importador fija un precio único para cada libro, que debe respetarse en todo el país, con excepciones puntuales previstas por la ley.

Si prospera la reforma, cada comercio podría establecer sus propios precios y promociones, algo que, según el Gobierno, generaría mayor competencia.

Para los libreros independientes, en cambio, la diferencia de poder económico entre grandes cadenas y pequeños comercios haría imposible competir en igualdad de condiciones.

Además, cuestionan uno de los principales argumentos oficiales sobre la necesidad de liquidar stock. Explican que la mayoría de las librerías trabaja bajo el sistema de consignación, por lo que los ejemplares que no se venden pueden devolverse a las editoriales.

"No necesitamos hacer liquidaciones porque, en la mayoría de los casos, los libros no son de nuestra propiedad", sostuvo González.

Uno de los principales cuestionamientos del sector es que las grandes empresas podrían aplicar descuentos agresivos o vender temporalmente por debajo del costo para ganar participación de mercado, una estrategia que las librerías de barrio no podrían sostener.

También advierten que las grandes cadenas acceden a mejores condiciones comerciales con las editoriales, lo que ampliaría aún más la diferencia competitiva.

Como antecedente, referentes del sector mencionan la experiencia del Reino Unido, donde la eliminación de un sistema similar estuvo acompañada por una fuerte reducción en la cantidad de librerías independientes.

Más allá del impacto económico, los libreros destacan el rol cultural que cumplen estos espacios como lugares de encuentro entre lectores, autores y vecinos, promoviendo la diversidad editorial y el acceso a títulos que muchas veces no llegan a los grandes circuitos comerciales.

Mientras el proyecto continúa en estudio, el sector editorial mantiene un rechazo casi unánime a la iniciativa y reclama que se preserve una legislación que, aseguran, permitió sostener durante más de dos décadas una amplia red de librerías en todo el país.

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El Marplatense