La querella pidió la pena máxima en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

La querella solicitó la pena máxima para los cuatro acusados en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan, durante la audiencia de alegatos realizada hoy en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, donde las abogadas sostuvieron que la tragedia fue consecuencia de una cadena de decisiones y omisiones dentro de la estructura de mando naval.

Las representantes de los familiares, Lorena Arias y Valeria Carreras, afirmaron que el submarino fue enviado a cumplir una misión sin estar debidamente alistado y cuestionaron la interpretación sobre su operatividad. “Este juicio trata sobre una estructura de mando que continuó operando un buque degradado. Trata de quienes debían evitar ese riesgo y no lo hicieron”, sostuvo Arias al iniciar su exposición.

Durante más de tres horas, ambas letradas desarrollaron una reconstrucción de los hechos que derivaron en el hundimiento ocurrido el 15 de noviembre de 2017, en el que murieron 44 tripulantes. Según plantearon, no se trató de un evento aislado sino de un proceso progresivo de deterioro, con fallas acumuladas y controles insuficientes.

En ese marco, solicitaron para los imputados cinco años de prisión efectiva, diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de costas, al considerar que los hechos encuadran en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de personas.

La querella también puso en foco la cadena de mando y rechazó que la responsabilidad recaiga exclusivamente en el comandante del submarino. “La responsabilidad de quien tiene la posición de garante no se transfiere por la existencia de otro garante”, argumentaron, al sostener que los superiores conocían el estado del buque.

Otro de los ejes centrales fue el cuestionamiento a las condiciones en las que se desarrolló la misión. Según indicaron, el submarino podía navegar, pero no estaba en condiciones de realizar el patrullaje asignado en las circunstancias previstas. “El submarino no estaba operativo, no estaba en condiciones, no estaba alistado”, remarcaron.

Las abogadas también hicieron hincapié en la cultura institucional de obediencia dentro de la Armada, al señalar que no existía margen real para que la tripulación o el comandante rechazaran la misión, pese a las advertencias técnicas registradas en meses previos.

Finalmente, sostuvieron que los acusados conocían el riesgo y no adoptaron medidas para evitarlo. “No fue el mar el que los hundió, fue la distancia entre lo que los reglamentos exigían y lo que efectivamente se hizo”, concluyeron.

Con información de Infobae

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El Marplatense