La Justicia Federal dio curso a la demanda que cuestiona el reparto de los nuevos permisos de pesca

La causa cuestiona uno de los puntos centrales de la Resolución 6/2026 del organismo nacional, que establece el sistema de evaluación para adjudicar nuevas licencias de pesca de calamar. Los demandantes sostienen que el mecanismo perjudica directamente a Mar del Plata y a la provincia de Buenos Aires al otorgar una menor puntuación a los proyectos que desembarquen sus capturas en este distrito.

Según el esquema impugnado, Tierra del Fuego recibe 30 puntos, Santa Cruz 25, Chubut 20, Río Negro 15 y Buenos Aires apenas 10, una diferencia que, para los actores, genera una ventaja competitiva artificial para otras provincias y coloca en desventaja al principal polo pesquero del país.

En la presentación judicial, FECOOPORT y SUPA sostienen que la resolución introduce un criterio de preferencia territorial que no está previsto en la Ley Federal de Pesca y que altera las condiciones de competencia para acceder a las nuevas autorizaciones.

Argumentan que Mar del Plata concentra históricamente la mayor infraestructura portuaria, industrial y exportadora del sector pesquero argentino, además de miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad. Sin embargo, con el nuevo sistema de puntajes, las empresas radicadas en la ciudad deberían realizar mayores inversiones o resignar competitividad para alcanzar la misma calificación que proyectos asentados en otras provincias.

La demanda también sostiene que la resolución carece de estudios técnicos, económicos o sociales que justifiquen las diferencias de puntuación entre jurisdicciones, lo que, según los demandantes, vulnera el principio constitucional de igualdad.

En su dictamen, el fiscal federal Daniel Adler consideró que existen elementos suficientes para habilitar la instancia judicial y analizar el planteo de fondo. El representante del Ministerio Público entendió que la acción reúne los requisitos para una declaración de inconstitucionalidad y señaló que el caso presenta una controversia concreta vinculada al proceso licitatorio impulsado por el Consejo Federal Pesquero.

Adler advirtió además que la Ley Federal de Pesca establece expresamente cuáles son los criterios que deben priorizarse para otorgar permisos, como la utilización de mano de obra argentina, la construcción nacional de los buques, el agregado de valor y la antigüedad de las embarcaciones.

En ese marco, sostuvo que corresponde analizar si el sistema de puntajes basado en el lugar de desembarque constituye una simple reglamentación de la ley o si, por el contrario, incorpora un criterio completamente distinto al previsto por el Congreso Nacional.

El fiscal también remarcó que la Ley Federal de Pesca está orientada a la administración sustentable del recurso pesquero y no contempla expresamente facultades para que el Consejo Federal Pesquero implemente políticas de promoción territorial o redistribución regional de inversiones mediante incentivos regulatorios.

Además de la declaración de inconstitucionalidad del Anexo V, inciso E, de la Resolución 6/2026, los demandantes solicitaron una medida cautelar para suspender el proceso licitatorio hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La convocatoria del Consejo Federal Pesquero prevé incorporar hasta 18 nuevas unidades operativas para la pesca de calamar, una decisión que el propio organismo justificó por su potencial para generar alrededor de 600 puestos de trabajo directos y fortalecer la actividad económica del sector.

Con la habilitación de la demanda, el conflicto por la distribución de los nuevos permisos de pesca suma ahora un frente judicial que podría tener consecuencias relevantes para la industria pesquera marplatense y para el alcance de las facultades del Consejo Federal Pesquero en la definición de políticas que impactan sobre las distintas provincias con litoral marítimo.

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El Marplatense