La defensa de Diego Spagnuolo apeló el peritaje de audios ordenado por el juez Lijo
La defensa del ex director de ANDIS apeló la decisión judicial que ordena un peritaje de audios y la toma de muestra de voz. Alega que la medida vulnera la garantía constitucional de no autoincriminación.
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La defensa del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó un nuevo recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con el objetivo de revocar la resolución del juez Ariel Lijo, quien rechazó suspender el peritaje técnico sobre los audios que dieron origen a la investigación por presuntas irregularidades en el organismo.
El planteo busca frenar la citación judicial para que el imputado aporte una muestra de voz destinada al cotejo con los registros incorporados al expediente. La estrategia defensiva sostiene que obligar a Spagnuolo a generar ese registro vulnera la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación forzada.
Según los letrados, la emisión de voz no puede equipararse a pruebas biométricas estáticas como las huellas dactilares o el ADN, ya que implica un acto voluntario del imputado. En paralelo, la defensa mantiene abierto un incidente procesal para impugnar la incorporación de los audios como prueba, bajo el argumento de que podrían haber sido manipulados mediante inteligencia artificial.
En ese sentido, el abogado Mauricio D’Alessandro aseguró públicamente que “los audios son truchos y no deben ser incorporados como prueba”, al considerar que avanzar con el peritaje podría convalidar material cuya legalidad está cuestionada.
Pese a estos planteos, el juez Lijo ratificó la continuidad de las medidas, al diferenciar la prohibición de autoincriminación -limitada al contenido de una declaración- de la obtención de parámetros biológicos.
Por su parte, la fiscalía federal a cargo de Franco Picardi ordenó a la Gendarmería Nacional Argentina realizar el peritaje técnico integral. En el proceso intervendrá además el perito de parte de la defensa, el ingeniero Marcelo Antonio Torok, quien solicitó verificar la cadena de custodia y analizar posibles cortes o alteraciones en los archivos.
La definición sobre la validez de estas pruebas quedará ahora en manos de la Cámara Federal, en un expediente donde el resultado del peritaje aparece como un elemento clave para el avance de la causa.
