La Corte dejó firme una medida que obliga al Gobierno a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con parte de la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo contra una resolución de la Cámara Federal de La Plata.

La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisible el planteo oficial al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva. De esta manera, continúa vigente la cautelar mientras la Justicia analiza el fondo de la controversia.

La causa se originó a partir de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades públicas, que cuestionaron el Decreto 759/2025. Según las instituciones, esa norma impedía la aplicación de aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.

Con la resolución de la Corte, el Estado deberá seguir cumpliendo lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización periódica de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales de acuerdo con la inflación, además de la recomposición de las becas estudiantiles y de otras partidas destinadas al funcionamiento del sistema universitario.

El conflicto se produjo luego de que el Gobierno vetara la Ley de Financiamiento Universitario, decisión que posteriormente fue respaldada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, el reclamo judicial continuó respecto de los alcances de ese veto y de la aplicación de determinados artículos de la norma, lo que derivó en la cautelar ahora ratificada.

La Corte aclaró que su decisión no resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto ni del veto presidencial, sino que mantiene vigente la medida preventiva hasta que exista una sentencia definitiva.

En paralelo, el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas continúa abierto. Días antes de este fallo, ambas partes alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios universitarios, incrementar las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y ampliar los recursos para los hospitales universitarios. Sin embargo, la discusión judicial sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario seguirá su curso en los tribunales.

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El Marplatense