La concesión del Minella, bajo sospecha: denuncias, falta de transparencia y vínculos que complican a Montenegro
La concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes se transformó en uno de los principales focos de conflicto político y judicial para Guillermo Montenegro.
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Lo que fue presentado por el oficialismo como una solución histórica para recuperar infraestructura deportiva deteriorada, hoy se encuentra atravesado por denuncias penales, cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y dudas acerca de la solvencia de los grupos empresarios beneficiados.
La polémica escaló luego de que el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, impulsara una presentación para investigar presuntas irregularidades en la adjudicación otorgada a Minella Stadium SA, la única empresa que se presentó en la licitación convocada por el municipio. La denuncia apunta a posibles delitos de administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La concesión fue aprobada en julio de 2025 por el Concejo Deliberante con el respaldo del oficialismo, y bloques aliados, mientras que los bloques opositores votaron en contra. El contrato contempla la explotación de los predios durante 30 años, con opción a una prórroga de una década adicional.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al hecho de que Minella Stadium SA fue la única oferente del proceso licitatorio. La sociedad está integrada por la firma brasileña Revee y la empresa argentina Pro Enter, y prometió inversiones por alrededor de 40 millones de dólares para la puesta en valor de las instalaciones.
Sin embargo, menos de un año después de la adjudicación, las obras prometidas continúan rodeadas de incertidumbre. La denuncia judicial sostiene que no se conocen públicamente detalles fundamentales del contrato ni del plan ejecutivo de obras, información que distintos sectores políticos y organismos de control reclamaron sin éxito.
Las críticas también alcanzan al secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, quien fue uno de los principales defensores de la adjudicación. Desde distintos sectores de la oposición señalan que el funcionario mantiene bajo reserva documentación clave vinculada a la concesión.
La falta de respuestas alimentó sospechas sobre la verdadera situación del proyecto y abrió interrogantes respecto del cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa concesionaria.
El aspecto más delicado de la denuncia se relaciona con la estructura empresaria detrás de Revee. La presentación judicial solicita investigar posibles vínculos entre esa firma y el grupo brasileño REAG, mencionado en Brasil en el denominado “Caso Banco Master”, una causa que distintos medios del país vecino describieron como uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años.
La denuncia sostiene que autoridades brasileñas habrían avanzado sobre empresas relacionadas con ese conglomerado y plantea interrogantes sobre la solvencia de los actores involucrados en la concesión marplatense. A partir de ello, el fiscal formuló preguntas que golpean directamente al corazón político de la decisión adoptada por el gobierno local: si el municipio verificó adecuadamente la capacidad económica del concesionario y si el origen de los fondos comprometidos fue debidamente controlado.
Más allá de la eventual responsabilidad judicial que pueda surgir de la investigación, el caso ya representa un problema político para Guillermo Montenegro. La concesión había sido presentada como una de las iniciativas emblemáticas de su gestión, destinada a recuperar espacios deportivos históricos sin comprometer recursos públicos.
Sin embargo, la combinación de falta de información, demoras en las obras, cuestionamientos sobre los antecedentes de los grupos empresarios y el avance de denuncias judiciales amenaza con convertir ese proyecto en un símbolo de opacidad administrativa.
Mientras la Justicia comienza a analizar la documentación y la oposición exige respuestas, el oficialismo enfrenta el desafío de demostrar que la operación más importante realizada sobre patrimonio deportivo municipal fue producto de un proceso transparente y debidamente controlado.
