Investigan posible explotación laboral en una quinta de la Ruta 226 tras un allanamiento
El operativo se realizó en un predio rural ubicado a la altura del kilómetro 10 de la ruta 226, en el marco de una causa por trata de personas. Secuestraron dinero en efectivo, documentación y entrevistaron a más de 60 trabajadores.
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Un allanamiento de gran magnitud se llevó adelante en un predio rural de General Pueyrredon, en el marco de una investigación por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El procedimiento tuvo lugar en un establecimiento ubicado en inmediaciones del kilómetro 10 de la ruta 226.
La investigación se inició a partir de una presentación realizada por el equipo de ATAJO Mar del Plata, luego de tomar conocimiento del caso de un joven de 26 años que se encontraba internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con un grave cuadro de salud y que habría trabajado en una quinta de la zona.
A raíz de esa situación, desde la entonces Fiscalía Federal N°1, a cargo de la fiscala Laura Mazzaferri, se ordenó recibir el testimonio de la jefa del Servicio Social del hospital para avanzar en el esclarecimiento del caso. Posteriormente se realizaron distintas medidas de investigación y se dio intervención al Programa Nacional de Rescate para entrevistar a la posible víctima.
Además, se solicitaron informes al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, cuyos resultados permitieron fortalecer la hipótesis investigativa sobre las condiciones laborales dentro del establecimiento.
Con la puesta en marcha del sistema acusatorio, la causa pasó a estar bajo la órbita del Juzgado Federal N°3, conducido por Santiago Inchausti, quien dispuso los allanamientos realizados esta semana. En el operativo participaron representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación, el área de Niñez de la Municipalidad de General Pueyrredon, ARCA-DGI, el Programa Nacional de Rescate y posteriormente personal de la Dirección Nacional de Migraciones, debido a la presencia de trabajadores argentinos y ciudadanos bolivianos.
Durante los procedimientos, realizados en la vivienda principal, otra construcción lindera y las oficinas administrativas de la empresa agrícola, se secuestraron más de 18 millones de pesos, unos 20 mil dólares, 500 euros, teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
Asimismo, los investigadores entrevistaron a más de 60 trabajadores y trabajadoras del predio, con edades comprendidas entre los 18 y los 71 años, para determinar las condiciones en las que desarrollaban sus tareas y avanzar en la investigación judicial.
